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«Las candidaturas independientes. Un sinuoso camino». El Sol de México.

Javier Santiago Castillo

                                                                                                                                                                  27 de Febrero 2015

La reciente Reforma Electoral incorporó una figura novedosa para estos comicios: las candidaturas independientes. Ahora y en adelante, todos los ciudadanos se pueden postular para competir por un cargo de elección popular sin la obligación de pertenecer a un partido político.

Podríamos congratularnos por el ejercicio de este nuevo derecho ciudadano. Sin embargo, en los últimos dos meses se han denotado las imperfecciones de nuestro modelo de candidaturas independientes. Veamos:

En total, hay 56 aspirantes a candidatos independientes distribuidos en 45 distritos electorales federales que están en la etapa de obtención del apoyo ciudadano. La Ley establece que cada aspirante tendrá que reunir las firmas del 2% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del distrito en el que compita. Las firmas deberán ser recabadas en por lo menos la mitad de las secciones electorales del distrito, y en cada una de ellas deberá sumar cuando menos el 1% de ciudadanos inscritos en la Lista. Esto, en tan solo 60 días, y sin rebasar la cantidad de $112,037.36. Lo que representa la mitad de recursos que los precandidatos de los partidos podrán gastar en sus precampañas.
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Los riesgos del financiamiento político privado-Excélsior

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«Los riesgos del financiamiento político privado»-Excélsior.

Opinión del experto nacional 24/01/2015 02:19

El sistema político enfrenta el riesgo de “oligarquización” del financiamiento político. La expresión popular “el que paga manda” no es un dogma, pero tampoco es del todo equivocada.

Por Javier Santiago Castillo*

El pasado 22 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo por el que se determinan los límites que deberá observar la recolección de aportaciones de los particulares a los partidos políticos. Dio cumplimiento así a lo dispuesto por los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos.

El sistema electoral mexicano ha tenido en el financiamiento público de la actividad política uno de sus pilares fundamentales. Mediante la dotación de recursos del erario a los partidos políticos se ha buscado preservarlos de intereses corporativos o mecenazgos que perviertan su acción y sustraigan sus decisiones del control de su militancia. Es por ello que el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley deberá “garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”. Seguir leyendo «Los riesgos del financiamiento político privado»-Excélsior.