“Los riesgos del financiamiento político privado”-Excélsior.

Opinión del experto nacional 24/01/2015 02:19

El sistema político enfrenta el riesgo de “oligarquización” del financiamiento político. La expresión popular “el que paga manda” no es un dogma, pero tampoco es del todo equivocada.

Por Javier Santiago Castillo*

El pasado 22 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo por el que se determinan los límites que deberá observar la recolección de aportaciones de los particulares a los partidos políticos. Dio cumplimiento así a lo dispuesto por los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos.

El sistema electoral mexicano ha tenido en el financiamiento público de la actividad política uno de sus pilares fundamentales. Mediante la dotación de recursos del erario a los partidos políticos se ha buscado preservarlos de intereses corporativos o mecenazgos que perviertan su acción y sustraigan sus decisiones del control de su militancia. Es por ello que el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley deberá “garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.

El acuerdo del Consejo General preserva ese principio de primacía del financiamiento público; sin embargo, dispone un monto de financiamiento privado que suscita interrogantes. Veamos.

El artículo 53 de la Ley General de Partidos dispone cuatro modalidades de financiamiento privado: militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros; por su parte, el 56 también alude a “modalidades” y, además de las aportaciones de militantes y simpatizantes,  alude a recursos que aporten los precandidatos y candidatos a sus precampañas y campañas. ¿Son, entonces, dos o tres las modalidades de financiamiento proveniente de los particulares? La mayoría de los consejeros estimó que son tres. Es una interpretación legítima pero, a mi entender, equivocada.

Los precandidatos y candidatos son militantes o bien simpatizantes; no forman una especie distinta. Por ello, sus aportaciones se encuentran integradas al conjunto de recursos que legal y legítimamente proporcionan aquellos a los partidos políticos. Agruparlas por separado y fijarles un límite particular no hace sino incrementar artificialmente y sin base legal suficiente los recursos de origen privado que válidamente pueden ingresar a la actividad política.

El proyecto original consideraba un límite de poco más de 78 millones para aportaciones de militantes y 37.4 millones de simpatizantes. Se adicionó una modalidad: 37.4 millones adicionales provenientes de precandidatos y candidatos. El efecto no es sólo numérico.

Ya el proyecto original presentaba un dato preocupante. Según lo dispuesto por el artículo 56.2.d), el límite de aportaciones de cada uno de los simpatizantes equivale al 0.5 por ciento del tope de gasto de campaña para la elección presidencial inmediata anterior. El resultado aritmético asciende a $1’870,317.23. Si tomamos en cuenta que el tope de gastos que podrán erogarse en cada campaña electoral de diputado es de $1’260,038.00, resulta que una sola persona puede financiar toda una campaña y aún más. Esta mala disposición legal conduce a que basten 202 aportantes para financiar las 300 campañas a diputados de un partido.

Con ello, el sistema político enfrenta el riesgo de ser controlado por un pequeño grupo de personas; un riesgo de “oligarquización” del financiamiento político. La expresión popular “el que paga manda” no es un dogma, pero tampoco es del todo equivocada.

Al haberse autorizado al conjunto de precandidatos y candidatos aportaciones por un monto igual al del conjunto de los simpatizantes, encontraremos que como ocurre en otras democracias, como la estadunidense, el éxito de los candidatos depende en buena medida de su capacidad para obtener financiamientos privados y de la hondura de su bolsillo, es decir de la cantidad de recursos propios que pueda “invertir” en su candidatura. No son del todo gratuitos los señalamientos hacia ese tipo de democracias como sistemas un tanto “plutocráticos”, en los que sólo las personas con cierto nivel de fortuna personal pueden aspirar a los cargos públicos.

Un efecto adicional de esta decisión, que no comparto, es que afecta el principio de equidad. Cada uno de los partidos de nueva creación (MORENA, Partido Humanista y Partido Encuentro Social) recibirá recursos públicos en dinero por algo más de 105 millones. Pero el monto máximo que se podrá recolectar por militantes y simpatizantes suma 115 millones. Es decir que, a fin de preservar el principio de primacía, esos nuevos partidos deberán recolectar de fondos privados 10 millones menos que los partidos restantes. Al agregarse artificialmente la modalidad de límites para precandidatos y candidatos, la brecha se amplía a casi 48 millones y, con ello, la inequidad. Es un significativo desapego a uno de los más importantes principios rectores de la materia electoral, el de equidad, establecido en el artículo 30.2  de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales.

Todos actuamos de buena fe y sobre la base de una interpretación honesta pero, al desestimar los efectos sobre la lógica de operación del sistema de financiamiento político, ¿no estaremos incubando el huevo de la serpiente?

*Consejero electoral del INE

Fuente:http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/01/24/1004434

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