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«Nuestro derecho a conocer»-La Razón

Jueves 9 de Abril | 11:42 am

Por Javier Santiago Castillo
El acceso a la información pública constituye uno de los derechos fundamentales del sistema democrático. Éste permite que la ciudadanía ejerza vigilancia sobre el quehacer del gobierno. Con ello favorece la recreación, en clave democrática, del vínculo entre gobernantes y gobernados.

El derecho de acceso a la información pública corresponde a todo individuo, sin que deba justificar su utilidad o demostrar interés jurídico alguno. Toda institución del Estado mexicano tiene el deber de garantizar a los ciudadanos su derecho a saber. Y los partidos políticos no escapan de esta obligación.

Desde el Código Electoral de 2008 se estableció que los partidos tenían la obligación de dar a conocer información relacionada con sus recursos, normatividad y sueldos de su estructura, entre otros, a través del otrora Instituto Federal Electoral (IFE). Con el paso del tiempo, los partidos incluyeron esta información en sus portales de Internet. Seguir leyendo «Nuestro derecho a conocer»-La Razón

«Las candidaturas independientes. Un sinuoso camino». El Sol de México.

Javier Santiago Castillo

                                                                                                                                                                  27 de Febrero 2015

La reciente Reforma Electoral incorporó una figura novedosa para estos comicios: las candidaturas independientes. Ahora y en adelante, todos los ciudadanos se pueden postular para competir por un cargo de elección popular sin la obligación de pertenecer a un partido político.

Podríamos congratularnos por el ejercicio de este nuevo derecho ciudadano. Sin embargo, en los últimos dos meses se han denotado las imperfecciones de nuestro modelo de candidaturas independientes. Veamos:

En total, hay 56 aspirantes a candidatos independientes distribuidos en 45 distritos electorales federales que están en la etapa de obtención del apoyo ciudadano. La Ley establece que cada aspirante tendrá que reunir las firmas del 2% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal del distrito en el que compita. Las firmas deberán ser recabadas en por lo menos la mitad de las secciones electorales del distrito, y en cada una de ellas deberá sumar cuando menos el 1% de ciudadanos inscritos en la Lista. Esto, en tan solo 60 días, y sin rebasar la cantidad de $112,037.36. Lo que representa la mitad de recursos que los precandidatos de los partidos podrán gastar en sus precampañas.
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«Frente a visiones de corto plazo, institucionalidad democrática». La Silla Rota.

El INE no es un actor más, que deba buscar consensos con los partidos: Es la autoridad.

POR JAVIER SANTIAGO CASTILLO
                                                                                                                                                              2015-02-24 08:30:00

Los servidores públicos y en particular los funcionarios de Estado, estamos sujetos al escrutinio público permanente, a la crítica, y aún al insulto. Por mi parte, estoy siempre dispuesto a escuchar y, en su caso, a atender cualquiera de esas vertientes, pues aún en el insulto puede subyacer algo relevante que debamos tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos el derecho y la obligación de explicar y argumentar nuestras razones. Sobre esa base, hago diversas acotaciones al artículo publicado por el senador Javier Corral, el 23 de febrero en este medio.

Nuestra historia electoral registra numerosos episodios de uso indebido de los mecanismos del poder para inclinar la voluntad de los electores en favor de alguno de los contendientes. Pese a los avances democráticos, aún es posible observar acciones de esa naturaleza. Nuestros procesos electorales no están inmunizados del todo, frente al uso de uno u otro de los muchos mecanismos de defraudación producidos a lo largo de muchas décadas. No son, por cierto, patrimonio de ninguna fuerza política en particular: gobiernos de todos los colores los han usado por igual.

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