Los servidores públicos y en particular los funcionarios de Estado, estamos sujetos al escrutinio público permanente, a la crítica, y aún al insulto. Por mi parte, estoy siempre dispuesto a escuchar y, en su caso, a atender cualquiera de esas vertientes, pues aún en el insulto puede subyacer algo relevante que debamos tomar en cuenta. Por otra parte, tenemos el derecho y la obligación de explicar y argumentar nuestras razones. Sobre esa base, hago diversas acotaciones al artículo publicado por el senador Javier Corral, el 23 de febrero en este medio.

Nuestra historia electoral registra numerosos episodios de uso indebido de los mecanismos del poder para inclinar la voluntad de los electores en favor de alguno de los contendientes. Pese a los avances democráticos, aún es posible observar acciones de esa naturaleza. Nuestros procesos electorales no están inmunizados del todo, frente al uso de uno u otro de los muchos mecanismos de defraudación producidos a lo largo de muchas décadas. No son, por cierto, patrimonio de ninguna fuerza política en particular: gobiernos de todos los colores los han usado por igual.

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