| 28 de Enero de 2015 |
| De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que en fecha próxima deberá ser reformada en virtud de la reforma constitucional ya aprobada, los órganos constitucionales autónomos del Estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE), son instancias obligadas a proteger y garantizar ese derecho.
El INE cuenta con una cantidad importante de datos personales de las y los ciudadanos mexicanos. Los más significativos son los contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. También llegan a las oficinas de esta institución nacional los padrones de afiliados de los partidos políticos y, derivado de la Reforma Electoral reciente, listados con datos personales y firmas de apoyo a la realización de consultas populares, de iniciativas ciudadanas y de respaldo a candidaturas independientes. Seguir leyendo La publicación de los datos personales en posesión del INE-La Razón |
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«Presupuesto del INE y los costos de la democracia»-Milenio.
Javier Santiago Castillo
21/06/14
El Instituto Nacional Electoral (INE) se apresta a aprobar una solicitud de ampliación presupuestal. Se trata de 230.6 millones de pesos, adicionales a los 11 mil 834 que constituyen su presupuesto para 2014. La cifra podría parecer elevada. Conviene dimensionarla.
La reforma constitucional y legal en materia electoral de 2014 encomendó nuevas y vastas tareas a la autoridad electoral. En lo sucesivo, el INE se hará cargo de la recepción del voto tanto en comicios federales como locales, cuando la elección estatal coincida con la federal, lo que ocurrirá el año próximo en 17 entidades que elegirán 9 gobernadores, 388 diputados de mayoría relativa, 993 ayuntamientos y 16 delegaciones políticas. A ello cabría agregar la elección por usos y costumbres que celebrará el estado de Oaxaca. Seguir leyendo «Presupuesto del INE y los costos de la democracia»-Milenio.
«Más allá de la retórica partidaria»-Milenio.
Javier Santiago Castillo
16/10/14
La última reforma electoral demuestra con nitidez que, a pesar de largas luchas que han buscado transformar nuestro sistema electoral, la transición hacia un régimen plenamente democrático está inconclusa.
Si bien es cierto que la construcción de las instituciones electorales federal y locales han contribuido a la transformación de la cultura política autoritaria —en la que prevalecía la anulación del adversario, el dudoso conteo de votos y la incertidumbre sobre el triunfo de candidatos— también lo es que, desde la otra cara de la moneda, esa vieja cultura aún permea en la conducta de los actores políticos.
La pretensión de incidir en ámbitos que no son de su competencia y el frecuente cuestionamiento, con diverso nivel de virulencia, a las reglas del sistema electoral que no les son benéficas, son solo un botón de muestra de que los partidos políticos no han encontrado la fórmula jurídica que les satisfaga a plenitud.
En este contexto, construido por la desconfianza entre los partidos políticos y su incapacidad de adecuarse a los cambios legales —promovidos por ellos mismos— es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la atribución de elegir a los consejeros de los institutos electorales locales. Seguir leyendo «Más allá de la retórica partidaria»-Milenio.
Javier Santiago Castillo 