Javier Santiago Castillo
16/10/14
La última reforma electoral demuestra con nitidez que, a pesar de largas luchas que han buscado transformar nuestro sistema electoral, la transición hacia un régimen plenamente democrático está inconclusa.
Si bien es cierto que la construcción de las instituciones electorales federal y locales han contribuido a la transformación de la cultura política autoritaria —en la que prevalecía la anulación del adversario, el dudoso conteo de votos y la incertidumbre sobre el triunfo de candidatos— también lo es que, desde la otra cara de la moneda, esa vieja cultura aún permea en la conducta de los actores políticos.
La pretensión de incidir en ámbitos que no son de su competencia y el frecuente cuestionamiento, con diverso nivel de virulencia, a las reglas del sistema electoral que no les son benéficas, son solo un botón de muestra de que los partidos políticos no han encontrado la fórmula jurídica que les satisfaga a plenitud.
En este contexto, construido por la desconfianza entre los partidos políticos y su incapacidad de adecuarse a los cambios legales —promovidos por ellos mismos— es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la atribución de elegir a los consejeros de los institutos electorales locales. Seguir leyendo «Más allá de la retórica partidaria»-Milenio.