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“Más allá de la retórica partidaria”-Milenio.

Javier Santiago Castillo

16/10/14

La última reforma electoral demuestra con nitidez que, a pesar de largas luchas que han buscado transformar nuestro sistema electoral, la transición hacia un régimen plenamente democrático está inconclusa.

Si bien es cierto que la construcción de las instituciones electorales federal y locales han contribuido a la transformación de la cultura política autoritaria —en la que prevalecía la anulación del adversario, el dudoso conteo de votos y la incertidumbre sobre el triunfo de candidatos— también lo es que, desde la otra cara de la moneda, esa vieja cultura aún permea en la conducta de los actores políticos.

La pretensión de incidir en ámbitos que no son de su competencia y el frecuente cuestionamiento, con diverso nivel de virulencia, a las reglas del sistema electoral que no les son benéficas, son solo un botón de muestra de que los partidos políticos no han encontrado la fórmula jurídica que les satisfaga a plenitud.

En este contexto, construido por la desconfianza entre los partidos políticos y su incapacidad de adecuarse a los cambios legales —promovidos por ellos mismos— es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la atribución de elegir a los consejeros de los institutos electorales locales. Seguir leyendo “Más allá de la retórica partidaria”-Milenio.

Los riesgos del financiamiento político privado-Excélsior

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“Los riesgos del financiamiento político privado”-Excélsior.

Opinión del experto nacional 24/01/2015 02:19

El sistema político enfrenta el riesgo de “oligarquización” del financiamiento político. La expresión popular “el que paga manda” no es un dogma, pero tampoco es del todo equivocada.

Por Javier Santiago Castillo*

El pasado 22 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo por el que se determinan los límites que deberá observar la recolección de aportaciones de los particulares a los partidos políticos. Dio cumplimiento así a lo dispuesto por los artículos 53 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos.

El sistema electoral mexicano ha tenido en el financiamiento público de la actividad política uno de sus pilares fundamentales. Mediante la dotación de recursos del erario a los partidos políticos se ha buscado preservarlos de intereses corporativos o mecenazgos que perviertan su acción y sustraigan sus decisiones del control de su militancia. Es por ello que el artículo 41, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley deberá “garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”. Seguir leyendo “Los riesgos del financiamiento político privado”-Excélsior.