El pasado 11 de enero de 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció cinco medidas de austeridad y racionalidad presupuestal, que atienden a su mandato constitucional de velar por el responsable ejercicio de los recursos públicos, especialmente en un contexto de delicada situación económica.
La primera medida anunciada fue la suspensión de la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan, a fin que los recursos disponibles para este proyecto, que ascienden a mil setenta millones de pesos, se pongan a disposición de las autoridades hacendarias y se apliquen a la atención de otras necesidades sociales.
La segunda medida reduce en un 10 por ciento las remuneraciones de las y los Consejeros Electorales y de los integrantes de la Junta General Ejecutiva ampliada, lo que contribuye a la política de austeridad en el gasto. En esta lógica, la tercera medida adoptada es la renuncia de los mandos superiores del INE, a la prestación del servicio de telefonía celular, asumiendo cada uno de ellos los gastos por este concepto.
Adicionalmente, el INE hará público cómo se utilizan los recursos públicos que recibe cada trimestre; es decir, durante el propio ejercicio fiscal y no hasta su conclusión.
Finalmente, se instruyó a la Junta General Ejecutiva que revise las partidas presupuestales de este año, con la finalidad que en el mes de febrero presente ante el Consejo General del INE un conjunto adicional de medidas de austeridad, racionalidad y economía en el ejercicio del gasto que puedan significar economías adicionales para las finanzas públicas del país.
Si bien aplaudo y acompaño estas medidas de racionalidad presupuestal, también sostengo que el debido cuidado en el ejercicio del gasto público debe ser una tarea continua y de largo plazo. Por ello, se debe realizar una revisión cuidadosa del procedimiento de presupuestación anual para detectar deficiencias administrativas que llevan a sobrevaluar los costos de la institución –por ejemplo, gastos en consumibles. En esta lógica, desde mi perspectiva, cada año en el mes de febrero, el Consejo General debe integrar e instalar formalmente la Comisión Temporal de Presupuesto, a fin que inicie con prontitud los trabajos de presupuestación de la institución para el próximo año fiscal.
El deber de cuidado del gasto público es una obligación de todas las instituciones del Estado mexicano; no se trata simplemente de cancelar tal o cual gasto, sino de perseverar en la ruta de hacer un uso más eficiente de los recursos y aplicarlos, siempre, a objetivos pertinentes y prioritarios.

*Consejero Electoral del INE/
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
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Vía: AtTimesMX