TEPJF incita campañas subrepticias

El 16 de diciembre de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) modificar su determinación, a efecto de emitir una nueva resolución en la que se estableciera que al Gobernador del Estado de Chiapas no le es atribuible responsabilidad alguna por la difusión de su informe de labores en un ámbito territorial y temporal mayor al permitido legalmente. La Sala ordenó que la nueva resolución determinara que el responsable era el titular de Comunicación Social en el estado, ya que él fue quien suscribió los contratos con los medios de difusión y no el gobernador.

Para ello, se aludió a una desafortunada sentencia dictada el 24 de agosto de 2016, que exoneró al mismo Gobernador, al determinar la inexistencia de responsabilidad por falta al deber de cuidado de este y dejando sin efectos la vista ordenada a la Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.

Debido a que nos encontrábamos ante un acatamiento, en sesión del Consejo General del INE del 13 de enero de 2017, voté a favor del proyecto. Sin embargo, acatar no significa carecer de una visión jurídica propia, por lo que expuse algunas consideraciones que resultan relevantes para el debido desarrollo de los próximos comicios en el país.

Me parece que en todo momento debe existir el deber de cuidado de todo funcionario público en su actuación. Suponiendo sin conceder que el gobernador no tuviera responsabilidad alguna por la excesiva y antijurídica difusión de su informe de labores, ello no implica pasar por alto que es el titular del poder ejecutivo del estado y que el llamado instituto de comunicación social de esa entidad forma parte de la administración pública local. Es verdad que la designar funcionarios de mando superior en estos casos implica un acto de delegación; pero se trata de la traslación del ejercicio de una competencia y no así de la responsabilidad.

Es decir, la responsabilidad por las decisiones y/o actuaciones que se ejecuten recaerá en el delegante, ya que este conserva su deber de control jerárquico sobre el delegado. Las responsabilidades no son transferibles. De modo que, para el gobernador, subsiste la responsabilidad del debido cuidado al no haber llamado a cuentas al titular de comunicación social tan luego como tuvo conocimiento de su conducta infractora. A la fecha, no se tiene noticia de que haya emprendido acción alguna para hacerlo retornar al cauce de la legalidad.

Creo que, por segunda ocasión y con distintas integraciones, la Sala Superior TEPJF exoneró al mismo actor por conductas similares. Al hacerlo, tiende un manto de impunidad para que con su informe de labores como pretexto, emprenda una campaña de difusión de su imagen personal en todo el territorio nacional.

El tema es de trascendencia para la equidad en la contienda electoral, ya que se deja la puerta abierta para que en los próximos comicios a celebrarse en los años 2017 y 2018 se multipliquen las campañas ocultas, en las cuales, deliberadamente, diversos servidores públicos pretendan atribuir responsabilidad a terceros, generando así un marco de impunidad a infractores de la normativa electoral que realicen campañas subrepticias afectando seriamente la equidad en la competencia electoral.

*Consejero Electoral del INE/
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: AtTimesMX

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