Fuero e impunidad

El abuso del derecho, su uso para fines que no son los que fundan su existencia o que no son socialmente aceptados, suele traducirse en una condición de privilegio, en actos contrarios al interés colectivo y al Derecho mismo. Es el caso del fuero de que gozan diversos funcionarios del Estado.
Originalmente, el fuero fue diseñado para proteger el ejercicio de la función parlamentaria, garantizar la deliberación, limitar a los otros poderes y permitir que los representantes populares puedan realizar sus obligaciones sin distracciones derivadas de procesos legales en su contra o que no sean sometidos a procesos que resultan en represalia por su actuación legislativa. Pero, si se observa con cuidado, se descubrirá que la prerrogativa del fuero es una característica del puesto o del órgano legislativo, no de la persona que lo ocupa.

El origen del fuero se remonta a la Cámara de los Comunes en el Parlamento Inglés. El parlamentario Thomas Haxey recibió sentencia de muerte por haber denunciado los excesivos gastos del Rey Ricardo Segundo. Si bien Haxey obtuvo el perdón real, este hecho abrió la discusión sobre la libertad de debatir de los parlamentarios. Esta libertad quedaría consagrada en la Carta de Derechos (Bill of Rights) de 1689.

En México, el fuero se remonta la constitución de 1824, en la que surge como una atribución del poder legislativo. Actualmente existen dos formas de inmunidad expresadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). La contenida en el artículo 61

de la CPEUM, que establece que los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos. 

Además, también se cuenta con la denominada inmunidad procesal, que hace referencia a los cargos en los que el titular no puede ser procesado penalmente salvo la aprobación de la Cámara de Diputados. Cabe mencionar que en esta última categoría se incluye un amplio grupo de funcionarios que van desde el Presidente de la República, los secretarios de despacho, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, diputados locales, etc. Para que los funcionarios que ostentan un cargo que goza de esta protección sean juzgados se requiere la aprobación de la Cámara de Diputados, es decir, la declaración de desafuero o que el funcionario renuncie o pida licencia al cargo.

Belisario Domínguez es un caso emblemático de parlamentario que defendió el derecho a la libertad de expresión y que debido a sus críticas al gobierno de Victoriano Huerta fue asesinado. Sin embargo, la función principal del fuero se ha desvirtuado, se ha convertido en un instrumento que promueve el abuso del poder, la impunidad y repercute en el estado de derecho. Son múltiples los casos en los que las personas que representan un cargo que confiere fuero lo utilizan literalmente para cometer delitos.

En nuestros días, el fuero suele ser visto y practicado como privilegio para vulnerar las leyes sin que tal hecho tenga las consecuencias que se aplicarían a cualquier ciudadano. Coloca a sus portadores por encima de sus conciudadanos. De ahí la irritación social que suscita y los reiterados pronunciamientos por su desaparición.

En los últimos años hemos presenciado múltiples casos de abuso del Derecho, del uso del fuero para salvaguardar a legisladores y funcionarios involucrados en casos de desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Casos emblemáticos son el de la diputada Lucero Sánchez qué visitó al Chapo Guzmán con documentos apócrifos y el de Cesar Godoy que entró escondido a San Lázaro para rendir protesta y adquirir la inmunidad; un caso parecido es el del Diputado suplente Tarín García. También podemos enlistar varios gobernadores como Cesar Duarte, Guillermo Padres, etc., etc. y etc.

Por lo que se refiere al fuero militar, se han logrado avances en cuanto a su precisión. La reforma al Código de Justicia Militar y el Código Federal de Procedimientos Penales, precisa que el fuero militar se aplica por tribunales militares estrictamente a los delitos cometidos en contra de la disciplina castrense y que ello no implica inmunidad para las personas. En cambio, los integrantes de las Fuerzas Armadas pueden ser juzgados por tribunales civiles cuando el delito cometido sea del fuero ordinario, principalmente los relacionados con la violación de derechos humanos. 

Así que la discusión sobre el fuero no se reduce a su permanencia o desaparición, sino incluye el establecimiento de precisiones que eviten el abuso. El fuero, no debemos olvidarlo, tiene un propósito socialmente necesario: que no se pretenda utilizar acusaciones sin fundamento como medio para reprimir la opinión política de los funcionarios del estado en sus tres poderes, ni utilizarlas como venganza ante decisiones que, siendo correctas y legales, afectan intereses particulares o de grupo.

Recuperar el sentido cabal y original de esta figura pareciera una ruta más adecuada que su simple supresión. Convertirla en una salvaguarda y no en un medio para la impunidad, puede contribuir a la eficacia de las instituciones y al desarrollo de nuestra convivencia democrática.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago

Vía: attimes.mx 

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