Impunidad

29-03-2018

El concepto de impunidad puede interpretarse en términos concretos como la falta de castigo o sanción ante un hecho delictivo. Es decir, enfrentamos la impunidad cuando el sistema de justicia no puede garantizar la seguridad de que las conductas delictivas serán juzgadas y castigadas. Por lo tanto, no existe un parámetro real en el que el delincuente sopese la responsabilidad que enfrentará al realizar un delito y a su vez no se identifica a la condena como un acto de reparación del daño.

La reflexión del concepto anterior se deriva del Índice Global de Impunidad de México en 2018 (IGI) publicado por la Universidad de las Américas Puebla el pasado 13 de marzo. En éste se muestra que la impunidad en México se encuentra en niveles alarmantes y expone la debilidad del sistema de justicia mexicano. En el contexto político que se encuentra el país, la publicación de los resultados de este estudio funge como una evaluación en el desempeño de la procuración de justicia en los diferentes gobiernos estatales.

Este estudio corrobora en cierta medida la percepción que tenemos como ciudadanos respecto a la persecución del delito. Por ejemplo, nos muestra que existe un problema de imposibilidad estructural de los ministerios públicos, es decir, ante el crecimiento paulatino de la población el número de ministerios públicos, agentes del ministerio público y policías estatales permaneció igual o decreció. La dificultad que tienen las autoridades para aplicar la ley incentiva a que los delitos no sean denunciados, en este sentido, el porcentaje de delitos no denunciados paso del 92.8% (2016) al 93.7% (2018). Lo anterior demuestra que no se tiene confianza en las instituciones de seguridad y justicia.

En términos estatales se arrojan cifras un tanto inimaginables. El Estado de México presenta el índice de impunidad más alto, por ejemplo, de las 202 mil 205 carpetas de investigación solo hay 1, 209 sentenciados, es decir, solamente el 0.59 % de las carpetas tiene una sentencia. Después del Estado de México, se encuentra Tamaulipas, Baja california, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero Aguascalientes, Veracruz, Puebla y Oaxaca. Los estados que redujeron el índice de impunidad son Morelos y Campeche.

En materia de homicidios, el porcentaje de encarcelados por homicidio disminuyó en prácticamente diez puntos, pasó del 27.5% al 17.09%. Los estados que presentan mayor impunidad en esta materia son Tamaulipas, Tabasco, Michoacán, Puebla y Guerrero. Aquí encontramos al menos tres de los estados más violentos.

Las cifras presentadas por este estudio son preocupantes, pero ¿en realidad nos sorprenden? Quizá nos es tan habitual que hasta nos es familiar, incluso es conocido que si se realiza alguna actividad que viola la ley existen posibilidades de negociación fuera del marco legal.

También se puede destacar que la ineficiencia de las autoridades judiciales para procesar los actos delictivos nos hace pensar que denunciar un acto delictivo es perder el tiempo, en este sentido, el crecimiento de la impunidad parece responder a un círculo vicioso: se comenten delitos que nos son castigados, la justicia se aplica de manera parcial (impunidad + justicia a modo = corrupción), Los ciudadanos no confían en las autoridades, eso incrementa la impunidad.

La impunidad podría interpretarse como un lastre para el desarrollo del país, y es muestra de que no vivimos en un Estado de Derecho y, por lo tanto, muestra el crecimiento de la corrupción. Este es un tema que no puede abordarse a la ligera y con apreciaciones simplistas. La impunidad es resultad de un problema estructural muy serio y profundo.

El sistema judicial se sostiene en cuatro pilares: el entramado normativo, las instancias de procuración de justicia, el aparato de ejecución de la justicia y la cultura judicial. Me atrevería a afirmar que el entramado normativo es amplio y consistente en términos generales. Pero los otros tres aspectos presentan rezagos que van desde la infraestructura, capacitación, salarios bajos para los servidores públicos hasta una cultura de la componenda: “$iempre hay que lubricar el trámite”.

En el pasado la aplicación de la justicia no era una prioridad del Estado, como tampoco lo fue el impulso a la vida democrática. Se definieron otras prioridades: el reparto agrario, la salud, la educación, etc. Pero hoy la consolidación del sistema de justicia nacional es una prioridad, porque es un instrumento institucional de primer orden para terminar con la arbitrariedad. El hartazgo social es atizado por la impunidad. Si se rebasa el límite puede afectar la estabilidad política del país.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago

Vía: attimes.mx

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