Nombramiento polémico

2017-12-21

El Instituto Nacional Electoral (INE), no sólo está legal, política y éticamente obligado a ser imparcial, también debe parecerlo.

Todo proceso electoral, en tanto que territorio de disputa por el poder, es propicio para la polémica y el conflicto. El que vivimos, además, pareciera encaminarse hacia la crispación.

Por ello resulta difícil entender la decisión del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, y de la mayoría del órgano colegiado, de designar como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a un profesional de indudables atributos personales y experiencia en el campo fiscal. Pero cuyo conocimiento de la materia electoral, auditoria gubernamental, que es más cercana a la fiscalización política (que ya es una especialidad en construcción dinámica) resulta algo más que dudoso.

Por añadidura, ha hecho buena parte de su carrera en la administración pública a la sombra de uno de los principales aspirantes por la Presidencia de la República, José Antonio Meade.

Desde el punto de vista formal, Lisandro Núñez cumple a cabalidad con los requisitos para el cargo. Los datos que arroja el análisis de su trayectoria profesional permitirían atribuirle altas capacidades en la teoría, práctica y legislación fiscal, así como habilidades
para la aplicación de innovaciones tecnológicas en las tareas de recaudación. Sin embargo, su currículo no da cuenta de actividad alguna en materia electoral.
No es un asunto menor. Resulta que la fiscalización política ha tendido a constituirse en una especialidad en sí misma, muy distinta de la auditoría privada y de la auditoría gubernamental, aunque esté en algún punto emparentada con ellas.

Quien no entiende lo que son los partidos y los hechos, positivos y negativos, que suelen suceder en las campañas electorales tendrá sólo dos caminos: refugiarse en la ortodoxia contable sin reparar en el contexto electoral, o bien dedicarse a “perseguir fantasmas” mientras que la picaresca electoral hace lo suyo.

Así que un buen profesional, como sin duda lo es Núñez, puede verse ante callejones sin salida. Lo digo sobre todo pensando en que fiscalizar en política resulta una tarea marcadamente interdisciplinaria que de ninguna manera se reduce a un ejercicio de auditoría. De ahí que me suscite curiosidad que en el INE se pretenda convertir esta función en monopolio de contadores. Los tres titulares de la Unidad Técnica lo han sido.

En los días previos, escuché varios y vanos intentos de justificación del nombramiento. Decían que el artículo 197 de la LEGIPE establece cinco años de experiencia directiva en materia de fiscalización y por ello sólo se podía echar mano de funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), como si la auditoría superior de la federación y de los estados, la secretaría de la función pública y sus similares estatales o los órganos internos de control de cualquier dependencia no realizaran funciones de fiscalización y los nombramientos recayeran exclusivamente en contadores. Era una ostensible intención de racionalización, que no se sostiene por si misma.

Insisto, son de valorar las habilidades y destrezas del Sr. Núñez en materia fiscal, pero me surgen dudas en materia electoral. La más importante tal vez concierna a la imparcialidad. No encuentro en la trayectoria del nuevo titular de la UTF elemento formal alguno que lo coloque como militante de algún partido. No ha sido dirigente partidista, ni ha ocupado cargos de elección popular bajo el emblema de algún partido; vamos, no registra actividad política de ninguna naturaleza.

Pero tampoco hay que ser ingenuos. Bajo el régimen de partido hegemónico se generaron culturas y subculturas organizacionales que sobreviven en diversas dependencias. Entre ellas se contaba la identidad automática entre los funcionarios de mandos medios y superiores con el partido en el poder. Tal subcultura ha sido y es eficazmente reforzada por la conformación de grupos de poder al interior de la administración, con discretos pero fuertes lazos con el otrora partido hegemónico.

No dudo que los ascensos del Sr. Núñez sean resultado de sus cualidades profesionales, pero no sé puede descartar su pertenencia a grupos; incluido el que respaldó su nombramiento como Administrador General de Recaudación.

En un clima político en el que la habitual rispidez tiende a convertirse en crispación, nadie debiera extrañarse por las reacciones desatadas por esa designación. Aún está fresca la desafortunada fiscalización de 2012. Se nos dijo que, de los tres contendientes principales, sólo Andrés Manuel López Obrador había rebasado los topes de gastos de campaña. Algunos lo creyeron, pero era la campaña menos ostentosa y dilapidadora. Después pudimos observar en los dictámenes la excesiva benevolencia que se brindó a la revisión de una campaña, en agudo contraste con la severidad aplicada a otra, particularmente en los prorrateos de gastos y erogaciones no reportadas. Lo que en uno era alegría, en el otro se consideraba borrachera.

El daño a la función fiscalizadora fue significativo, aunque hoy se pretenda pasarlo por alto.
Es incomprensible, entonces, que el Consejero Presidente se hubiera empeñado en una designación que durante la semana anterior había suscitado polémica. Hoy, el INE ha hecho una muy arriesgada apuesta en materia de fiscalización, como si no tuviera retos muy difíciles ante sí. Como decía el divo de Juárez ¿pero qué necesidad?

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX

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