Financiamiento ilegal y contienda política

2017-12-24

¿Recuerda Usted el Pemexgate? En la última semana se dio a conocer una trama muy similar de supuesto financiamiento político ilegal. Un “testigo colaborador”, Jaime Ramón Herrera Corral, exsecretario de Finanzas de Chihuahua y socio del exgobernador, César Duarte, declaró ante la Fiscalía chihuahuense sobre un supuesto desvío de 246 millones de pesos.

En el Pemexgate, la paraestatal transfirió unos 500 millones de pesos a su sindicato; éste a su vez los aportó al Partido revolucionario Institucional. Fue una triangulación con la que se pretendía ocultar la provisión de dineros desde una instancia prohibida. En esta oportunidad, la supuesta triangulación inicia con transferencias de recursos federales hacia la hacienda pública de Chihuahua; ésta realiza contrataciones ficticias con diversas empresas que fingieron proporcionarle servicios de talleres para padres de familia y software cuando en realidad entregaron los recursos al PRI.

No es una trama compleja. De ser verdad, indicaría que en los lares priistas no se ha aprendido mucho, o bien denotaría arrogancia e impunidad en el ejercicio del poder local. No son pocos los gobernadores que actuaron con total atropello de las leyes, pensando que sus corruptelas pasarían inadvertidas. Algunos de ellos han sido vinculados a proceso.

Según los dichos del Sr. Herrera Corral, el asunto fue operado por el entonces secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, y por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Gamboa Lozano, además de él mismo. Gutiérrez fue detenido hace unos días. Es de esperar que Gamboa corra la misma suerte.

Lo que por ahora importa para el caso es que nos encontramos ante otro presunto financiamiento ilegal. La novedad es que se encuentran involucrados dos órdenes de gobierno. El gobierno local, aparece como “lavadero” de lo que en realidad sería un desvío de recursos federales hacia el PRI, en abierta inobservancia de la Ley General de Partidos Políticos y, en particular, de la prohibición establecida en su artículo 54.

De manera que el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no pueden menos que imponerse del caso. El primero, de oficio, en cumplimiento de sus amplias facultades de vigilancia y verificación de los recursos que ingresan a la actividad política. El segundo, derivado de la denuncia formal que esta misma semana presentó el presidente del Partido Acción Nacional.

Indagar los hechos y determinar si los dichos del exsecretario de finanzas de Chihuahua corresponden con la realidad es, ya, una tarea inaplazable y urgente para ambas instituciones. El aseguramiento de la equidad y legalidad en la contienda y la disuasión de conductas delictivas en el campo electoral así lo exigen.

Me hago cargo de la muy escasa credibilidad que debiéramos brindarle a estos “testigos protegidos” o, como ahora se les denomina “testigos colaboradores”. La experiencia indica que suelen proveer información de dudosa calidad e incluso mentiras plenas. Pero no podemos pasar por alto que, en esta ocasión, el declarante estuvo directamente involucrado en el acto delictivo, fue uno de los tres “operadores”. No sólo es posible rastrear los recursos supuestamente transferidos, sino que, además, resulta relativamente sencillo. Lo sorprendente, de ser ciertos los hechos, es que la Unidad Técnica de Fiscalización no los hubiera detectado en las cuentas bancarias del PRI; o lo que posiblemente pudiera haber sucedido es que se utilizaron cuentas personales de militantes y/o se aplicaron en efectivo.

Como quiera que sea, las indagatorias en materia electoral no admiten demora. Los temas penales, por las formalidades estrictas a que están sujetos, suelen ser lentos. Los de naturaleza administrativa electoral, en cambio, pueden desplegarse con la agilidad suficiente para arribar a conclusiones en los próximos meses, antes de la celebración de la jornada electoral. De lo contrario, una posible conclusión sancionatoria no tendría más efectos que una multa, con lo que el asunto se tornaría casi anecdótico, mientras que la conducta ejercería sus efectos nocivos en la contienda electoral, equivaldría a una denegación de justicia.

Al presentar a Lizandro Núñez como su propuesta para titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, no escatimó elogios. Lo señaló como un hombre de amplias capacidades técnicas y habilidad en modelos de riesgo. Es buen momento para demostrarlo. Diversos partidos señalaron críticamente su cercanía con el grupo de Hacienda y en particular con el extitular de esa dependencia como un reproche a su imparcialidad. Es momento de desmentirlos.

No se puede pretender que Lizandro Núñez renuncie a sus afinidades ni a sus amistades. Sólo es indispensable que emprenda una investigación seria, técnicamente bien lograda y razonablemente exhaustiva, sin reparar en que uno de los involucrados ha sido mando superior en la SHCP y que Núñez hizo toda su carrera profesional en esta dependencia.

Por supuesto, nadie puede predeterminar el resultado, y anticiparlo por protagonismo sería irresponsable, pero sí demandar que las conclusiones sean convincentes técnica y jurídicamente. Para, en su caso, sancionar a los responsables o exonerar a quienes se acuse falsamente. Al margen del enjuiciamiento mediático, que suele ser expedito sustentado en muchas ocasiones sólo en dichos. La trama de financiamiento ilegal, de ser cierta, es grave; pero si es falsa también es grave, porque formaría parte de una guerra sucia en contra de la candidatura presidencial de un partido. Por eso las autoridades electorales involucradas deben de actuar con rapidez y eficacia. Más allá de la imagen del INE, la declinante confianza que la población ha depositado en él y los mínimos de democracia que deben rodear el proceso electoral en curso así lo exige

Vía: La Crónica

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