Fiscalización y estado de derecho

El voto popular como elemento originario y la adhesión a la ley en el ejercicio de la autoridad constituyen las piedras basales de la legitimidad del Estado moderno, que lo diferencian de otras formas de dominación, presentes y pretéritas. 

Traigo el tema a colación por las sanciones aplicadas, a casi todos los partidos, por la supuesta omisión de presentar supuestos permisos para el uso de plazas públicas y por la notificación extemporánea de eventos de campaña.

Las leyes electorales locales, la Legipe y el Reglamento de Fiscalización, no disponen obligación alguna de los partidos y sus candidatos de obtener el permiso de la autoridad para la celebración de actos de campaña. Ni podría hacerlo. Estas actividades se realizan al amparo de las libertades constitucionales y no son objeto de permiso previo. A lo más, deben dar aviso de actos que interrumpan la vialidad.

Sin embargo, en los dictámenes y proyectos de resolución abordados la semana anterior por el Consejo General, se aplican sanciones por no presentar permisos y recibos de pago de los derechos correspondientes. El tema amerita reflexión.

En el pasado la policía municipal pretendía disolver reuniones públicas de carácter político, aduciendo que no estaban permitidas. De poco servía invocar la libertad de expresión y de reunión constitucionalmente establecidas y, generalmente, terminábamos disfrutando de la hospitalidad municipal en alguna celda.

Es paradójico que, a nombre de una institución nacional comprometida con el desarrollo democrático, se sancione un tema así. Además que se haga en el marco de la fiscalización que mira únicamente al origen, monto y destino de los recursos económicos empleados en la actividad política. Lo anterior indica una débil consciencia del régimen de libertades y una marcada propensión a reprochar lo que desde el subjetivo parecer del auditor debió hacerse, sin existir norma legal que funde ese tipo de señalamientos.

El segundo tema se refiere a las agendas de actividades de los candidatos. El artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización dispone que cada semana los partidos y sus candidatos deberán incluir en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) su agenda con los eventos que pretendan realizar, con siete días de anticipación como mínimo. El SIF establece dos apartados: en uno se registran los eventos “onerosos” y en otro los “no onerosos”. ¿Por qué estos últimos? Porque pudiera ocurrir que en ellos sí se aplicaran recursos y éstos no fueran reportados a la autoridad.

El caso es que en ningún lugar se indica qué se entiende por evento de campaña. Los auditores han optado por la interpretación que les acomoda: toda actividad que realicen los candidatos. Así, en el listado de eventos que se sancionan por haberse realizado sin los siete días de antelación, se observan reuniones del candidato con uno o dos interlocutores o reuniones con sus equipos de campaña. También figuran actividades rutinarias en una campaña o que no implican costos directos, como recorridos a pie por una localidad, “toca-toca”, o volanteos en los que el único gasto son los zapatos del candidato y alguna propaganda general de campaña.

El tema adquiere proporciones insólitas en la contienda por la gubernatura de Nayarit. En el oficio de errores y omisiones, se requirió a la coalición Juntos Por Ti, un “informe detallado” de las razones por las que diversos eventos agendados se habían cancelado, dando el aviso que dispone el reglamento. En el dictamen correspondiente se omitió referir el largo alegato de la coalición sobre el inconstitucional desbordamiento de atribuciones en que incurría la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), al pretender ejercer actos de supervisión sobre las actividades de su candidato en lugar de constreñirse a los recursos económicos que en su caso se hubieran utilizado. El dictamen reproduce sólo unas cuantas líneas y da por subsanada la observación debido a que “el candidato no tenía tiempo para atender tales eventos”. No hubo sanción, pero es delicada la pretensión controladora.

Esta aplicación mecánica de un instrumento destinado a favorecer una mejor fiscalización, tiene efectos imprevistos e indeseados. La UTF no puede estar presente en todas y cada una de las actividades agendadas por los candidatos, y en su análisis de ellas se concreta a medir los siete días de antelación sin reparar en el carácter y circunstancias de cada evento y prestando oídos sordos a las explicaciones de los partidos. Se sancionan entrevistas radiales y se envía el mensaje a los medios de que deben anticipar sus invitaciones a los candidatos sin que importen criterios de oportunidad periodística, pues de lo contrario éstos serán sancionados.

Muchas veces, en el marco de algún mitin, habitantes del poblado vecino piden al candidato que se traslade a su localidad para que sus vecinos también sean escuchados. Según la UTF, acceder a tales peticiones acarrea invariablemente una multa. Equivale a otorgar permiso previo y revela una profunda incomprensión de la intensa y cambiante dinámica de una campaña, en la que los candidatos deben aprovechar todas las oportunidades para la difusión de sus propuestas, como aconseja la mercadotecnia electoral.

No afirmo que estos desbordamientos de atribuciones sean deliberados. Antes bien, apuntan a una débil conducción (con visión burocrática), a falta de capacitación y al frágil o ausente diálogo interdisciplinario, particularmente con los abogados de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la propia UTF.

La fiscalización política es demasiado importante para dejarla en las solas manos de los auditores, por más capaces y empeñosos que sean y, me consta, lo son. Para que la fiscalización cumpla su propósito, debe aplicar ley y justicia. Sólo así fortalecerá al INE como la institución promotora de la democracia y la legalidad electoral. Como un buen ejemplo del estado democrático de derecho.
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica 

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