Federalismo y transparencia. Saldos y tareas pendientes

El federalismo mexicano, ha producido monstruos institucionales. Terminó por transformarse en un medio para consolidar la unidad nacional que, por un lado, construyó un poder central que concentró el ejercicio del poder político; y, por otro, limitó la libertad del desarrollo de las particularidades que conformaban la federación. 
El modelo federal clásico devino en centralismo, restrictivo de cualquier expresión de autonomía regional. Es así como la acepción del federalismo como colectividades con derecho a la autodeterminación, quedó disminuida a su mínima expresión a partir de la norma constitucional de 1917.
Esta situación no ha cambiado. Por el contrario, en este sexenio, la mayor parte de las llamadas reformas estructurales se han concentrado en “homologar” a la normatividad federal, atribuciones de orden estatal: el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no han sido la excepción.
La reforma constitucional de febrero de 2014 estableció que los organismos garantes de la transparencia, del acceso a la información y de la protección de datos personales asumirían el rango de autónomos constitucionales. Además, al otrora Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se sumaron una serie de atribuciones a su diseño institucional y se convirtió en un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI). El argumento central de esta reforma fue defender eficazmente, en un marco homologado de acción, dos derechos fundamentales: el acceso a la información y la protección de los datos personales.
Si bien la reforma persiguió un objetivo loable, los buenos deseos no siempre se logran. La transformación integral del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales no ha cumplido con la expectativa de la reforma de hacer del INAI un eficaz contrapeso ante las desviaciones del poder político en las entidades federativas.
En la práctica, los gobernadores continúan cooptando a los órganos locales encargados de la transparencia gubernamental, o bien disponen del presupuesto de estos organismos como mecanismo de presión hacia las autoridades locales en la materia.
La experiencia nos ha mostrado que para consolidar la autonomía real de los órganos autónomos de las entidades federativas, no es suficiente la simple y llana homologación normativa-centralizadora de las atribuciones; tampoco ha funcionado la existencia de modelos híbridos, que disminuyen el margen de acción de los organismos autónomos locales sin modificar las prácticas de control que ejercen los poderes públicos de las entidades federativas.
Este federalismo sui generis mexicano, hoy tan en boga, sólo se ha traducido en la contención y, en ocasiones, represión de la diversidad cultural, social, económica y política del país. Al hacernos cargo de este resultado indeseado, podremos enfrentar las dificultades políticas y buscar reformular el modelo, para lograr, ahora sí, garantizar efectivamente los derechos, sin dejar de atender las lógicas locales del país. La transparencia no debe alejarse de esta tarea.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX 

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