Elecciones 2017, antesala de 2018

El domingo anterior, cuatro entidades vivieron procesos electivos que nos dejan elementos para reflexionar e intentar ubicar problemas y deficiencias que deben ser atendidos para elevar la calidad de la democracia electoral:

1. La proximidad de las elecciones presidenciales determinó la estrategia de los partidos políticos. En las cuatro contiendas, dos aspirantes a la Presidencia de la República buscaron posicionarse rumbo a la contienda electoral de 2018: Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, quienes tuvieron una presencia relevante y reiterada. Además, el Estado de México no sólo es considerado por el PRI su baluarte, sino que es el baluarte presidencial.

2. Las campañas electorales estuvieron marcadas por lenguajes ríspidos. El simple intercambio de acusaciones sustituye la exposición de propuestas de gobierno. No es una buena señal, pues convoca al electorado a votar por “el menos malo” y no por un rumbo político definido. Y las propuestas de campaña de diversos candidatos transitaron de la retórica a la demagogia.

3. La rijosidad de las contiendas estuvo influida por el nivel de competitividad de cada proceso electoral. Así, en situaciones de baja competencia entre partidos, como en Nayarit, donde la diferencia entre el candidato ganador y el segundo lugar según el avance de los cómputos distritales del miércoles era mayor a diez puntos; y en Veracruz, en que el PRI perdía de manera contundente la mayoría de los municipios, los conflictos poselectorales han tendido a amainar.

4. En cambio, cuando el nivel de la competencia es alto, la conflictividad se incrementa. Coahuila y el Estado de México tienen similitudes y diferencias. En ambos estados los candidatos punteros se declararon ganadores, en medio de acusaciones mutuas, que todavía tienen que probarse, de cometer acciones fraudulentas de distinto tipo.

5. La descalificación de los partidos políticos sobre la actuación de las autoridades electorales locales se ha convertido en parte de la estrategia de campaña. Los partidos creen que deslegitimando a la autoridad obtendrán los votos que no obtuvieron en las urnas. En Edomex y Coahuila, alcanza tufos de irresponsabilidad.

En el Edomex se les acusa de ser cómplices del fraude, al supuestamente falsificar resultados del PREP. No importa que éste haya funcionado muy bien y que informara con certeza de algo más del 97 por ciento del cómputo de las casillas. No se puede dejar de señalar que los resultados del conteo rápido y del PREP son similares. El 7 de junio el IEEM giró la circular número 1, signada por el Presidente y el Secretario Ejecutivo, en que se reiteran las disposiciones legales que obligan al recuento en los cómputos distritales y se “conmina” a los consejos distritales a cumplir con su “deber legal”. Ante cualquier omisión en los consejos está abierta la vía jurisdiccional.

Coahuila presenta una situación distinta. La diferencia entre las cifras arrojadas por el Conteo Rápido y por el PREP está llevando a la solicitud de la anulación de la elección. En efecto, el PREP contiene un bajo número de casillas efectivamente computadas. Hay varias explicaciones al respecto: la complejidad del llenado de actas, por el elevado número de combinaciones de las coaliciones; el bajo nivel educativo de un número importante de funcionarios de casilla; falta conocer el número de ciudadanos que abandonaron su tarea cívica, actas con inconsistencias o ilegibles y paquetes electorales en los que no se entregó “por fuera” el acta PREP, consecuencia de una deficiente capacitación, que es responsabilidad del INE.

La apertura de paquetes electorales —92 por ciento en la de gobernador y 98 por ciento en la de diputados locales— en los cómputos distritales dan certeza de los apretados resultados electorales. El resultado es un gobierno dividido. El PRI ganó la gubernatura y la oposición la mayoría en el Congreso. El conteo rápido y el PREP dan resultados preliminares, sus deficiencias se pueden subsanar en los cómputos, que son resultados oficiales, pero éstos todavía pueden ser sujetos de controversia judicial. Es necesario tener presente que se trata de deficiencias, pero nunca de pretensiones de alteración de resultados.

6. Estas cuatro elecciones tienen enseñanzas institucionales que deben ser valoradas sin autocomplacencia. Existen causas de las deficiencias operativas y logísticas, algunas de ellas superan el ámbito de las autoridades electorales, otras no. Es indispensable tener claras ambas y abandonar el ánimo de ser el “bigbrother” electoral y definir con claridad políticas que tengan como objetivo construir una sinergia entre el INE y los institutos electorales locales. De otra manera la autoridad nacional corre el riesgo de ser rebasada por la complejidad de la elección de 2018. Al menos son siete los focos de atención: sistemas informáticos, revisión del INE de documentación electoral, capacitación, conteos rápidos, PREP, escrutinio y cómputo en casilla y distritos, y fiscalización.

Por otro lado, no se puede hablar de “situaciones atípicas” o aventurar opiniones públicas sobre las acciones de las autoridades electorales locales. La mesura y la continencia verbal son cualidades que deben desplegarse en la elevada responsabilidad de Estado que implica organizar la trasmisión legal, legítima y pacífica del poder.

7. La controversia poselectoral señala la indebida intervención de los gobiernos estatales e incluso del federal, mediante la provisión, ilegal y/o sectaria, de recursos públicos a las comunidades con vistas a influir su voto. Es difícil probarlo, pero también es innegable su efecto en el enrarecido clima poselectoral.

Con cierta verosimilitud se denuncian prácticas fraudulentas de “operación en campo”. Pero no deja de asombrar la incapacidad de los partidos para detectar, denunciar y probar prácticas presuntamente fraudulentas que ocurren a lo largo de la campaña y, en particular, en la jornada electoral.

Lo anterior no obsta para que las irregularidades denunciadas se investiguen y se castigue a los responsables. Entre ellas destacan las amenazas contra el consejero local del INE, Bernardo Barranco. Para él mi solidaridad y para las autoridades la exigencia de justicia. La impunidad es un lastre para la vida democrática; no la permitamos.

 

@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica 

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