Designación de Contralores Internos, entre la partidización y la función de Estado.

Se está convirtiendo en una desafortunada costumbre. Es probable que el Congreso se encamina, nuevamente, a demorar la designación de funcionarios que tiene encomendada. La reforma Constitucional en Materia de Combate a la Corrupción, publicada 27 de mayo de 2015, entre otras cosas, dotó a la Cámara de Diputados de la facultad para designar a los Titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución.
El 27 de enero pasado se publicaron reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en las que se dictaron las bases generales para el procedimiento. Quedó establecido que el proceso estará sujeto a una convocatoria de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados, fijando como plazo 180 días para iniciar el proceso de designación, exceptuando a quienes se encontraban en funciones a la entrada en vigor del Decreto, que continuarán en su encargo en los términos que fueron nombrados. 

Es así que el pasado 28 de abril, la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo por el que se establece el Proceso y la Convocatoria para la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se encargaron de verificar que los aspirantes que cumplan con los requisitos exigidos para el cargo. Posteriormente celebraron comparecencias de los aspirantes. Las Comisiones Unidas tuvieron como fecha límite el 28 de junio, para remitir a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) el dictamen con la lista de candidatos aptos y así lo hicieron. Este órgano legislativo, a su vez, tuvo como plazo el 6 de julio para remitir a la Mesa Directiva los nombres que habrán de ser votados para ocupar los cargos de los tres Organismos Autónomos. Esto último, sin embargo, no se cumplió.
La Convocatoria establece como fecha límite el 12 de septiembre para que el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe la designación de los contralores y la JUCOPO ha manifestado que en esa fecha remitirá sus propuestas. Sin embargo, no es posible pasar por alto que el Artículo 57 TER de la Ley Orgánica del Congreso General, señala que la convocatoria contendrá las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables.
Es verdad que los acuerdos entre los coordinadores parlamentarios suelen traducirse en acuerdos del Pleno. Eso abre una esperanza de que los nombramientos se realicen a tiempo, pero el desfase en una de las etapas y la inobservancia de los plazos que los propios legisladores se dieron son inocultables.
Las Comisiones Unidas integraron una lista de 42 candidatos aptos. La demora de la JUCOPO sugiere que se sospeche que el debate gira en torno a cuotas partidistas. De ser así partidizar estas designaciones terminaría por lesionar la función de Estado encomendada a los órganos de control; conduce a que el juego de intereses prevalezca sobre la idoneidad para el cargo y, por supuesto, incide en su posterior desempeño. Ya lo hemos visto en otros casos y el resultado no ha sido el mejor.

Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

 

 

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