Las instituciones cuentan, cuando funcionan conforme a su mandato constitucional y legal. Los primeros cien días de Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos han transcurrido de manera accidentada con grandes tropiezos, a trompicones.

Pareciera que a estas alturas el gran demagogo que supo catalizar el descontento y frustración de amplios sectores de la sociedad norteamericana y, además logró el éxito a partir de un discurso de campaña construido centralmente en torno a la anti política, ha topado con la realidad política de su país.

En asuntos considerados torales de su agenda de campaña, ha topado con las sólidas instituciones de la democracia estadunidense:

1. Su pretensión de imponer un veto migratorio a los ciudadanos de siete países musulmanes ha sido frenado por jueces federales y la propia Corte Suprema, de supuesta mayoría conservadora.

2. Los jueces también se han pronunciado sobre la inconstitucionalidad de su decreto por el que retiraba fondos federales a las “ciudades santuario” que han rehusado sumarse a su política antiinmigrante. El Poder Judicial estadunidense acreditó que existe y actúa.

3. En el terreno legislativo las cosas tampoco han ido muy bien para Trump. Su intención de suprimir las partidas presupuestales destinadas a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare, enfrentó un Partido Demócrata sin fisuras y resistencias significativas en la bancada de su propio partido, el Republicano. El ejecutivo debió acceder a la continuación de los subsidios, como un medio para lograr acuerdos en el presupuesto, que deberá ser aprobado esta semana.

4, Una concesión más es el retiro de la solicitud presidencial de fondos para financiar el inicio de la construcción del muro en la frontera con México.

1. La intención peregrina de imponer impuesto transfronterizo tuvo que ser abandonada.

2. Y por último la pretensión de cancelar por medio de una orden ejecutiva el Tratado de Libre Comercio enfrentó la resistencia de sectores productivos organizados que lo habían respaldado en su campaña electoral

De modo que los intentos de la administración Trump por impulsar sus principales ofertas de campaña han significado tropiezos. Lo anterior se debe a la falta de comprensión de los distintos roles que juegan en la política el ser candidato o ser presidente. Por otro lado, son consecuencia de la ausencia del diseño de una estrategia y de la ignorancia de los mecanismos legales e institucionales para sacar adelante las propuestas presidenciales. A lo cual hay que agregarle el disenso del grupo del Presidente dividido en al menos tres subgrupos.

Y es que la simplista concepción del mundo y de la política de Trump se ha encontrado con una característica esencial de las sociedades democráticas contemporáneas: la división de poderes. Así, el simple y llano voluntarismo del Ejecutivo se ha visto contenido; las instituciones han asumido su papel de mecanismo de pesos y contrapesos destinado a impedir que el ejercicio del poder se traduzca en actos dictatoriales, atropello de la ley y los derechos de los ciudadanos, o desestimación de otras propuestas de política existentes en el panorama norteamericano.

Cabe tener presente que no se trata tan sólo de un diseño institucional plasmado en papel, sino de una larga tradición estadunidense. En el fondo, ese sistema político se construyó pensando en gobiernos acotados, para que sus actos no invadieran la esfera privada, es decir los negocios, ni amenazaran el bienestar y libertad de los ciudadanos. Por ello, la efectiva y actuante división de poderes constituye una hazaña de la modernidad y de la democracia.

Los otros Poderes representan intereses legítimos y visiones distintas y a veces distantes de las que pudiera enarbolar el Ejecutivo. Por tanto, el sistema está diseñado para que ninguno de ellos prevalezca sobre los demás. Cada uno posee su propio campo de acción, pero también actúa como contrapeso de otros. De ahí que en diversos temas la negociación sea obligada y constituya un mecanismo para integrar lo diverso y lograr estabilidad política.

Por supuesto, las instituciones no actúan en el vacío. Es necesario recordar que si bien Donald Trump logró la mayoría de los votos electorales, no ocurrió lo mismo con el voto popular que le fue desfavorable. Ello habla de vastos sectores sociales que no suscribieron su propuesta política y que han desarrollado un intenso activismo en contra de las acciones más agresivas de la administración Trump, particularmente en lo que se refiere a la migración y el sistema de salud.

Así que la conjunción entre una sociedad activa e instituciones actuantes está logrando orientar al gobierno estadunidense hacia rumbos menos fundamentalistas. Es una buena noticia para los estadunidenses y para el mundo.

La lección política es clara y pudiera tomarse en cuenta para México: en democracia el voluntarismo presidencial es insuficiente para gobernar, es necesario el respeto a la ley y el consuno de los poderes e instituciones del Estado y de las más diversas fuerzas políticas.
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Vía: La Crónica