La transparencia y sus límites.

El “derecho a saber”, la transparencia y la rendición de cuentas han cobrado relevancia. El tránsito hacia la garantía, protección, promoción y respeto del derecho a la información ha implicado adecuaciones normativas, así como la asunción de nuevas funciones de los organismos de transparencia. Por otra parte, la exigencia de transparencia se ve reforzada por la opacidad, desconfianza y la sospecha sobre el ámbito público. 

La nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) busca atender las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región con información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. 

Si bien es cierto que actores políticos e instituciones púbicas han perdido credibilidad y prestigio, su recuperación puede estar en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas, que se convierten en una opción estratégica.

Y, por esta razón, debe tomarse en cuenta el espacio de discreción que le es propia; pues concebir, en ese espacio, a la transparencia en forma omnímoda es tan utópico como impráctico. Está demostrado que más información no conduce, de manera necesaria, a mayor transparencia o a tomar mejores decisiones.

Transparencia y verdad no son idénticas. Más información o una acumulación de información por sí sola, no es ninguna verdad; de hecho, puede llegar a agravar la imprecisión de todo. Cuando se dispone de un exceso de información se hace más intrincado el poder conocer lo esencial. La hiperinformación e hipercomunicación no arroja, necesariamente, luz a la oscuridad.

Por otro lado, existe un espacio de procesamiento de las decisiones es el que, a mi juicio, se refiere el artículo 113, fracción VIII de la LGTAIP que considera como información reservada “la que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.

En mi opinión, se tienden a confundir los ámbitos de la administración pública y los de la política. En la administración pública debe haber rendición de cuentas y transparencia plenas. En el ejercicio del gasto público no debe haber concesión alguna a la opacidad. Los gobiernos son los más vigilados, no así los poderes legislativos y judiciales del país, dónde la discrecionalidad en el manejo de los recursos del erario es lo cotidiano.

Dicho esto, hay ciertas decisiones cuya necesidad política radica en el ámbito de discreción. Debido, y hay que decirlo con claridad, a la incomprensión y desinformación con que medran ciertos actores políticos y sociales. El hacer públicas deliberaciones privadas no necesariamente abona el camino de soluciones eficaces.

La política requiere un espacio privado para la libre deliberación de las opiniones. Ello es además importante pues en ese espacio privado puede haber agravio y en la esfera pública ese agravio exacerbaría el conflicto. En los procesos políticos la toma de decisiones requiere armonizarse con el derecho a la confidencialidad.

La línea que separa la administración pública y el proceso político de toma de decisión, que lleva a instrumentar las acciones administrativas, es tenue. Lo cual debe llevarnos a ser cuidadosos al definir los actos públicos o privados en el ámbito de la administración pública. En esto juega un papel, fundamental, la conducta ética de los servidores públicos.

*Profesor/Investigador UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX

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