Acato, pero disiento

Javier Santiago Castillo

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó remover de su cargo a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del estado de Colima, en acatamiento a la sentencia SUP-RAP-485/2016 y sus acumulados, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La sentencia del Tribunal afirma que se acreditó la violación al principio de certeza y una afectación directa e inmediata a la credibilidad del Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC), debido a declaraciones de la Consejera Presidenta a un medio de comunicación con resultados electorales imprecisos y equivocados, respecto de la elección de Gobernador en el Estado de Colima.
Como se recordará, la elección al cargo de Gobernador de Colima organizada por el Instituto Electoral local fue anulada por el TEPJF. En primera instancia, al analizar las impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral del Estado analizó las declaraciones de la Presidenta y concluyó que se había tratado de un error humano que no tuvo incidencia en los resultados de la elección.
Enseguida, al resolver la apelación sobre el mismo asunto, el TEPJF desestimó las declaraciones y otros agravios hechos valer, en relación a la conducta de la Consejera Presidenta del (IEEC); para señalar que la elección debía anularse por la intervención indebida de funcionarios del Gobierno del Estado. Ordenó que la elección extraordinaria fuera organizada en su totalidad por el INE.
Es verdad que ese litigio estuvo centrado en la nulidad de la elección. Pero también es un hecho que las declaraciones de la Consejera Presidenta fueron evaluadas por la jurisdicción electoral local y, posteriormente, fueron desestimadas como agravio sustantivo por el TEPJF. En aquella sentencia, la máxima instancia jurisdiccional afirmó que “…los actores (los partidos impugnantes) se constriñen a sostener que fue incorrecta la actuación de la referida funcionaria, despreciando con ello los argumentos esgrimidos por la responsable como pilar de su decisión, es claro que éstos últimos deben continuar rigiendo en la parte conducente el sentido del fallo reclamado”.
Si un tribunal determinó que se trató de un error humano sin efectos en la elección y el Tribunal de alzada simplemente dejó de lado esa valoración, luego entonces la actuación de la Consejera Presidenta fue evaluada e, implícitamente, juzgada.
Ante la demanda de diversos partidos para que se removiera a la Consejera Presidenta, la resolución del Consejo General del INE no adjetivó su conducta como notoriamente negligente, inepta y descuidada; consideró que no revestía la gravedad necesaria para proceder a la remoción y, en cambio, ordenó una suspensión por treinta días. Al resolver la apelación correspondiente, el TEPJF, sin que mediaran nuevos elementos de prueba, determinó que debía removerse a la funcionaria. No actuó en plenitud de jurisdicción: en lugar de removerla directamente, ordenó al INE hacerlo, dictándole prácticamente los “argumentos” para ello.
No puedo menos que considerar incongruente la valoración del Tribunal. Básicamente, reprocha a la Consejera Presidenta que “…generó la indebida impresión de un falso ganador, en detrimento del principio de certeza”, pero antes no lo estimó así al declarar la nulidad de la elección. No basta con afirmar que en un caso se analizaba la nulidad y en otro la actuación de una funcionaria si ésta formó parte de la valoración de aquélla. ¿En qué grado y con qué efectos se vulneró supuestamente la certeza? Ya que nunca se dice, la afirmación deviene subjetiva.
El Tribunal ni siquiera toma en cuenta que la suspensión ordenada por el Consejo General del INE ya había sido ejecutada en su totalidad, al haber transcurrido el periodo marcado en la resolución. Así, pudiera haberse incurrido en un doble juzgamiento por los mismos hechos. No es una buena noticia para el Derecho ni para las garantías que la Constitución otorga a todos los gobernados, incluidos quienes ocupan altos cargos en las instituciones del Estado.
Pareciera una resolución destinada a satisfacer a los partidos demandantes, en detrimento de la garantía de estabilidad que permite a los funcionarios electorales ejercer sus funciones mirando únicamente al interés general y a la ley, sin ceder ante las presiones políticas. Es un precedente grave. No debemos soslayar que se han presentado un número significativo de peticiones de remoción de consejeros electorales de las entidades federativas, algunas veces por razones dignas de consideración, las más de ellas casi en represalia por opiniones o decisiones que no concuerdan con uno u otro partido.
La reforma constitucional y legal de 2014 buscó evitar que la incidencia de los gobernadores en la designación de consejeros o su capacidad para presionarlos les alejara de la imparcialidad en su desempeño. No inauguremos la ruta de remociones por desagrados de los partidos políticos. Será necesario hacer aún más rigurosos y certeros los procedimientos de remoción, para brindar a los consejeros las debidas garantías de estabilidad, sin que ello sea óbice para remociones en los casos que efectiva y objetivamente lo ameriten.
Por lo pronto, voté a favor de la resolución del Consejo General por la que removió a la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Colima. Lo hice de modo responsable, atendiendo en sus términos a una resolución jurisdiccional. Acaté, porque es mi obligación jurídica e institucional. Pero disiento porque es mi deber ético e intelectual.
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica 

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