La segunda vuelta electoral: ¿opción viable para el 2018?

  • 2016-10-16

El ballotage o segunda vuelta electoral se está convirtiendo en un mecanismo de fuertes resonancias con vista en la elección de 2018. Dicen sus promotores que, en un escenario altamente probable de una elección “en tercios” y descontada la abstención, cualquiera de los candidatos que obtenga la mayoría de los votos habrá recibido el respaldo de un sector minoritario de la ciudadanía.

Así que, con el propósito de fortalecer la legitimidad de los gobernantes, debiera realizarse —dicen— una segunda vuelta de la elección, entre los dos candidatos más votados para que quien resulte ganador obtenga más del 50 por ciento de los votos.

Fernando Barrientos distingue al menos tres mecanismos de segunda vuelta: 1. Sin barrera de acceso. Los candidatos más votados pasan a segunda vuelta. 2. Mecanismo de acceso simple. Ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta (Brasil, El Salvador, Perú, entre otros). 3. Mecanismo de acceso compuesto. Se deben cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, Argentina: es necesaria una diferencia menor a 10 por ciento y que el candidato ganador obtenga un porcentaje menor del 45 por ciento. Para el caso de Costa Rica, la diferencia entre un candidato y otro debe ser del 5 por ciento.

Los mecanismos mediante los cuales se constituye el poder político tienen una raíz y razón profundamente nacional; se construyeron como dispositivos destinados a resolver problemáticas específicas y por ello adquieren una racionalidad sistémica que no constituye un imperativo universal. Es así que otras democracias consolidadas no los incluyen. Es el caso de Estados Unidos, en cuyo sistema político tan frecuente y acríticamente imitado resulta impensable la figura de segunda vuelta. Otro tanto ocurre en el muy multipartidista sistema italiano.

Así que la segunda vuelta no es, ni con mucho, característica indispensable ni solución mágica. Mucho menos cuando se discute en torno a la legitimidad de quienes están al frente del poder público. ¿Es más legítimo un gobernante que obtuvo 51 por ciento de los votos que aquél que únicamente logró el 49 o, como es cada vez más frecuente, el 35 por ciento? Creo que la respuesta no es simplemente cuantitativa, sino que alude a condiciones sistémicas de obtención y ejercicio del poder.

Por supuesto que a todos nos gustaría que los gobernantes gozaran del más amplio respaldo ciudadano y que la regla de la mayoría se expresara en términos absolutos (50 por ciento más 1) y no como mayorías relativas como en el caso mexicano. Pero cuando usted establece un resultado apetecido y no se alcanza, ello no quiere decir que el resultado efectivamente logrado sea ilegítimo o se encuentre afectado de validez, significa simplemente que no se alcanzó el óptimo, pero nada más.

En democracia, el óptimo es que todos y cada uno de los ciudadanos aptos para hacerlo emitan su voto y que éste sea resultado de un ejercicio informado, consciente y libre. En tal desiderátum, la abstención representa un problema nada menor, pero quienes se ausentan de las urnas no hacen menos válido y valioso el voto de quienes concurren a ellas.

Sin duda, un problema capital de la democracia contemporánea, que adquiere sus propias y preocupantes expresiones en México, es la creciente desconfianza de la ciudadanía en las instituciones políticas. El abstencionismo lo refleja, pero sobre todo se expresa en la vida cotidiana de la sociedad como desconfianza automática y casi visceral ante todo acto gubernamental.

Se trata de un problema de carácter sistémico que, por lo mismo, no admite soluciones únicas ni fáciles. ¿La segunda vuelta brindará mayor aceptación ciudadana a los actos cotidianos de gobierno? Lo dudo. Los mecanismos adquieren sentido y pertinencia, dependiendo el contexto al que se aplican y los problemas que buscan resolver.

En una segunda vuelta sin instituciones fortalecidas, nada asegura que el abstencionismo no sea superior y, por tanto, no se alcance la legitimidad cuantitativa que se pretende. Tampoco es de descartarse una creciente polarización, en un clima cultural en el que la pluralidad política aún no se encuentra del todo asentada. Sin mencionar los costos institucionales y económicos. Así que los posibles beneficios palidecen frente a las inversiones políticas, sociales, institucionales y económicas.

Tiendo a pensar que la legitimidad de nuestro sistema representativo y de la elección misma de los candidatos, depende de la transparencia de los procesos electorales, así como de la legalidad y certeza con la que éstos se lleven a cabo. Al mismo tiempo, asumo que la gobernabilidad y la gobernanza están en función de nuestra capacidad para contar con instituciones sólidas, volcadas al ciudadano, y de un gobierno eficiente en su funcionamiento, responsable en sus acciones, eficaz en su gestión del espacio público y en su atención a los problemas nacionales y sociales. Al final, de eso trata la democracia.

Consejero Electoral del INE/

Profesor de la UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s