Cuando los argumentos reducen montos.

  • 2016-09-04

El pasado 26 de agosto, el Consejo General del INE resolvió dieciocho proyectos de resolución, mediante los cuales se acataron diversas sentencias de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fueron diversos los motivos que llevaron a los órganos jurisdiccionales a revocar resoluciones de los ingresos y gastos que realizaron los partidos políticos en campaña y periodo ordinario.  

Una de las resoluciones merece especial atención. Se trata del acatamiento que modificó la resolución INE/CG1044/2015, aprobada el 16 de diciembre pasado, y que, materialmente, redujo una sanción interpuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de 88 millones 547 mil 184.76 pesos a 53 millones 128 mil 288.47 pesos. Son 35 millones 418 mil 896.29 pesos de disminución. Voté a favor del proyecto de acatamiento, en respeto a las facultades del Tribunal y en un acto de responsabilidad política. Sin embargo, creo que el tema amerita algunas reflexiones.

El caso alude a la compra de 763 mil 299 playeras, por 11.2 millones de pesos. El proveedor incumplió el contrato y, al exigírsele la devolución del pago, entregó un predio en la delegación Iztapalapa, que no se escrituró a nombre del Partido sino de un particular de nombre Marco Antonio de la Mora.

En su momento, el INE determinó que el PVEM había incurrido en diversas faltas. La operación fue ocultada al escrutinio de la autoridad, lo que resulta punible. Se encontró que hubo una aportación en especie de una empresa —conducta prohibida por nuestra legislación electoral—. Asimismo, el partido no comprobó el origen de los recursos con los que pagó las playeras. Además, hubo un hecho significativo: omitió recuperar una cuenta por cobrar y, en cambio, quien resulta beneficiario es una persona.

El partido intentó justificar el gasto omitido con otro gasto, que correspondía a otro ejercicio fiscal. De ahí que la resolución considerara que el partido tuvo una conducta dolosa; por tal motivo incrementó en 100 por ciento el monto de cada una de las sanciones, hasta acumular poco más de 88.5 millones de pesos.

Como era de esperarse y es su derecho, el partido impugnó la decisión del Consejo General del INE. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral conoció dicho asunto mediante el SUP-RAP-8/2016 y SUP-RAP-22/2016 y acumulados. En dicho documento, la Sala concluyó que el dolo de las conductas había sido ya sancionado al establecer la sanción correspondiente a cada una de las infracciones arriba descritas. De modo que el INE no debió considerar el dolo para incrementar la sanción del partido en un 100 por ciento del monto involucrado. Por tanto, ordenó corregir esa supuesta doble sanción y, al eliminar el monto adicional por dolo, la suma total de las sanciones disminuye en 35. 4 millones.

No es una decisión afortunada. El análisis minucioso de la resolución originaria emitida por el INE, revela que el dolo fue determinado y argumentado respecto de cada una de las infracciones, pero no sancionado. Los montos de sanción corresponden a los que se han aplicado a otros partidos, pero sin considerar que la conducta es dolosa. Si se quiere, la resolución administrativa incurrió en un defecto de técnica de argumentación, pero en ningún momento sancionó dos veces el elemento del dolo.

Es de admitir que, al analizar cada infracción y demostrar que se actuó de modo doloso, debió determinarse una sanción mayor a las habituales para cada falta. No se hizo así y, en cambio, al final se determina que debe imponerse un 100 por ciento más del beneficio obtenido, en razón del dolo.

Puedo admitir que no es la argumentación más acertada ni el modo más ortodoxo de fijar una sanción, pero no que se sancionó dos veces uno de los elementos de la conducta infractora. Insisto en que se acreditó que el partido ocultó información e incluso intentó engañar a la autoridad. Tal conducta simple y llanamente se denomina dolo y debe ser sancionada, sin recurrir a subterfugios o aludir a deficiencias argumentales. Los magistrados tuvieron otra opinión, que finalmente se tradujo en la reducción de la sanción más alta impuesta a un partido por ingresos y gastos no comprobados y reportados durante el periodo ordinario. Es una mala señal para los infractores, a menos que en el INE y en el TEPJF aprendamos de esta experiencia, para evitar que quienes violan la ley se beneficien de “tecnicismos jurídicos”.

Consejero Electoral del INE/

Profesor de la UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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