“Con la iglesia hemos topado, Sancho”

  • 2016-09-25

Van dos veces que presenciamos manifestaciones inusitadas. Organizaciones vinculadas a la Iglesia católica han marchado en diversas ciudades en protesta por la posibilidad de que se eleven a rango constitucional los matrimonios entre personas del mismo sexo. Han sido encabezados por obispos que adujeron que no lo hacían portando sus atuendos eclesiásticos.

Lo cierto es que la Iglesia pareciera estar explorando su retorno a la actividad política abierta. Los indicios no debieran desestimarse. Es conocido el activismo del semanario Desde la fe y sus pretensiones de dictar conductas ante casi cualquier tema de la agenda pública. Lo significativo es que diversos medios han hecho de la editorialización de tales expresiones un mecanismo para elevarlas al debate público y a la acción gubernamental.

Tras la jornada electoral del pasado 5 de junio, los jerarcas católicos dijeron que habían impulsado el voto en contra del partido en el gobierno, debido a la intención del Presidente de la República de presentar una iniciativa de reforma constitucional, para reconocer legalmente el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Por supuesto, no hay indicio alguno que haga suponer que su llamado fue atendido y que incidió en los resultados de los comicios en las 14 entidades, pero así suelen actuar. El dato insoslayable es que confesaron haber emprendido una acción de carácter estrictamente político, violando lo dispuesto en el artículo 130 constitucional, inciso e), que vale la pena reproducir:

“Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Dados esos antecedentes, la marcha convocada pareciera un paso más en una estrategia orientada a darle mayor visibilidad y peso político a la Iglesia católica, aunque en el tema coincidan con organizaciones de corte evangélico y utilicen el mismo mensaje anticientífico e intolerante como cuando pretendían impedir la legislación sobre interrupción del embarazo en la Ciudad de México.

Los convocantes mencionan un número mayor de asistentes que los contabilizados por las autoridades y los medios de comunicación. Los números podrían discutirse, ya que mostrarían la capacidad de movilización de las organizaciones parareligiosas y el mito que hace de cada católico un respaldo automático de toda expresión de los jerarcas. Me parece más importante, sin embargo, cuestionar su supuesta representatividad social.

El hecho evidente es que la grey católica no lleva su convicción religiosa al ámbito público. Al parecer, la ciudadanía, que nominalmente se declara mayoritariamente católica, el 82.9 por ciento según el Inegi, no conduce su vida conforme a los dicterios de la jerarquía: muestra una actitud más proclive a la modernidad y tolerancia, menos instalada en el siglo XVI.

No se puede pedir a las autoridades de la Iglesia católica que dejen de evangelizar a sus seguidores en torno a sus principios y fundamentos, pero lo que sí se les puede exigir es que atiendan las disposiciones constitucionales que les prohíben oponerse públicamente a las leyes y las instituciones de nuestro país, como es el caso de la separación entre las iglesias y el Estado, la no participación de las estructuras eclesiásticas en política, los derechos humanos y la cláusula de no discriminación reconocidos en la propia Constitución.

No tengo nada contra cualquier creencia religiosa. Las respeto y valoro su efecto sobre los creyentes y su relevancia cultural. Pero no se puede olvidar la historia. Cada vez que las posturas confesionales se han mezclado con el poder público los resultados han sido social, cultural y humanamente calamitosos, como en la era de la Inquisición y ahora mismo en los territorios bajo el control del llamado “Estado Islámico”.

Cada vez que la Iglesia católica ha intentado mantener o recuperar sus privilegios, la paz se ha cancelado y la Nación se ha aproximado al precipicio, como en la Reforma y la Guerra Cristera.

No puedo compartir los fundamentalismos, por definición, segregadores, violentos y canceladores de toda visión del mundo que no sea la suya. Son resultado de un “pensamiento único” y sólo logran producir rechazo y odio hacia lo diferente, incluso hacia lo que pudiera ser igual pero se aleja de la ortodoxia confesional. Soy, por el contrario, partidario de la libertad, pues sólo en ese entorno las personas pueden armonizar sus intereses particulares con el interés general y buscar su felicidad sin lesionar a los demás ni mucho menos someterlos a su particular visión del mundo y de la vida.

Para fortuna nuestra y más allá de cifras, dicterios o creencias, los mexicanas y mexicanos, sin negar su confesión religiosa, han comprendido que sus vidas no deben ser dirigidas por extremismos que ocultan intereses políticos de algunos jerarcas.

Ésa es la actitud crítica y reflexiva que construye y reconstruye la democracia. Lo demás consiste simplemente en la obligación gubernamental de hacer imperar la ley. El artículo 130 constitucional no es pieza de ornato, sino un elemento clave del Estado laico, que en este caso constituye la premisa de nuestra convivencia civilizada y libre.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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