Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.

02 de Octubre de 2016

POR JAVIER SANTIAGO CASTILLO*

 

Es difícil juzgar. Ejercer facultades sancionatorias constituye un desafío intelectual y ético; pone a prueba nuestra madurez profesional y emocional, así como nuestra visión de la función pública. Todo ello estuvo presente en la decisión de sancionar a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima.

En el contexto de la elección de gobernador de Colima, la consejera presidenta del Instituto Electoral de Colima concedió una entrevista radiofónica con un prestigiado conductor. Dijo que los resultados de la elección estaban muy cerrados y la tendencia favorecía al candidato del PAN, por 495 votos. Minutos después llamó al programa para rectificar que era el PRI el favorecido, por 547 votos.

Por tal motivo, el Partido Revolucionario Institucional presentó al INE una solicitud para la remoción de dicha consejera. El procedimiento se instauró por haber dado a conocer de manera anticipada, y a través de un medio de comunicación, resultados electorales imprecisos y equivocados, lo que podría constituir una transgresión a lo dispuesto en el artículo 102, párrafo 2, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE); es decir ,“tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deba realizar”.

Como se observa, se trata de una sanción extrema. La LEGIPE no establece ninguna graduación que conduzca a sancionar de maneras diversas la conducta: si se acredita notoria ineptitud, descuido o negligencia, se aplica la remoción y nada más que la remoción.

El Consejo conoció del tema en enero. En esa ocasión se pospuso la votación, ya que los hechos no permitían considerar que la acusada hubiera sido negligente, incapaz o descuidada en grado “notorio”. Se ordenaron mayores diligencias y el estudio de posibilidades legales para sancionar con algo menos que la remoción.

El pasado miércoles 28 se presentó un nuevo proyecto que propuso imponerle una sanción consistente en una suspensión de 30 días. ¿En qué norma figura tal sanción si partimos de la base de que no es graduable lo dispuesto en el artículo 102, párrafo 2 de la LEGIPE?

Se dijo en el debate que surge de la aplicación del régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Es verdad que los consejeros están sujetos a tal régimen. Pero no lo es que deba ser aplicado por la autoridad electoral, autoerigida en contraloría; tampoco que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas le sea aplicable a servidores públicos del ámbito local que, en términos del artículo 116 constitucional, cuentan con su propia ley de responsabilidades.

Lo que no se dijo en el debate es que el proyecto funda su decisión sancionatoria en un “principio” con aroma autoritario: “el que puede lo más, puede lo menos”. Pero resulta que estamos en el campo del derecho sancionador, y no en el administrativo, que la ley no autoriza a que se use supletoriamente otra ley, que sólo se puede “lo menos” cuando está establecido y no se violenta otra norma, y a que el artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser sancionado por analogía ni mayoría de razón.

Por si fuera poco, se sancionó en inobservancia a la garantía de debido proceso de la consejera presidenta. La queja interpuesta conforme al párrafo 2 del artículo 102 nunca se reencauzó como procedimiento administrativo de responsabilidades ni mucho menos se notificó a la acusada, con lo que se vulneró su garantía de audiencia. De más está decir que, si no había ley que de manera previa y concreta al hecho estableciera una sanción, conforma al artículo 14 constitucional no era posible imponer una pena.

Es así que no acompañé el proyecto de resolución. Siguiendo la consideración que hicieran los tribunales, Electoral del estado de Colima; y del Poder Judicial de la Federación, al resolver la nulidad de la elección, el actuar la de la consejera presidenta constituyó un “error humano”, que no trascendió de modo determinante en el proceso electoral respectivo.

No podía otorgar mi voto a un acto poblado de deficiencias jurídicas (como la calificación de la conducta infractora sin apegarse a la ley) e inconsistencias lógicas que tiene efectos significativos sobre la relación entre el INE y los Institutos Electorales de las Entidades Federativas. No somos “jefes” ni supervisores ni evaluadores, sino coadyuvantes, con una responsabilidad especial en la operación y conducción del sistema nacional electoral.

Pero el asunto no se circunscribe a la esfera administrativa. La democracia exige autoridades autocontenidas. Los afanes justicieros (“lo tiene que pagar”) sólo han producido los autoritarismos que tanto luchamos por superar. Prefiero, como siempre, atenerme al apotegma de José María Iglesias: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

*Consejero Electoral del INE/ Profesor UAM-I

Vía: Excelsior.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s