La reforma electoral, coyuntura y conveniencia.

Javier Santiago Castillo

La mudanza normativa puede leerse como evidencia de su imperfección o como oportunidad de perfeccionamiento democrático. En el plano del pragmatismo político, se encuentra habitualmente asociada a la conformación del legislativo y suele ser leída conforme a los intereses y visiones de las mayorías legislativas, para impulsar o impedir cambios.

Hay legisladores y fuerzas políticas que estiman inoportuna la modificación del marco normativo electoral. Aducen su inviabilidad debido a la inexistencia de acuerdos básicos, o bien señalan la vulnerabilidad de temas sensibles y las fuertes tensiones que pudieran generarse alrededor. No es reprochable. Por definición, todo acto legislativo pasa por el cálculo político, el análisis de coyuntura, la viabilidad técnica y económica de las propuestas y… la valoración de su conveniencia para el país o para actores particulares.

En una vertiente institucional, las modificaciones legales se traducen de manera casi inevitable en ajustes administrativos y redefiniciones procedimentales nada sencillos de procesar. Al mismo tiempo, las instituciones electorales, nacionales y locales, han debido desplegar un delicado y no siempre afortunado proceso de interrelación, en el marco de un modelo electoral que redistribuyó atribuciones entre ellos.

Por ello, hay quienes proponen continuar consolidando el sistema nacional de elecciones, antes de emprender cambios legislativos que pudieran introducir nuevos debates y nuevas complejidades operativas. Otros, en cambio, sin desestimar los riesgos de involución o de generación de normas polémicas, vemos en el perfeccionamiento normativo una urgente necesidad para esclarecer los vínculos entre lo nacional y lo local, para afinar dispositivos que se han mostrado limitados ante el dinamismo del tema que regulan, y para consolidar de modo efectivo el modelo electoral construido con las reformas constitucionales de 2007 y 2014.

No obstante el debate general, si en algo parecieran estar convergiendo los actores políticos es en que la actual coyuntura ofrece condiciones para una nueva reforma constitucional. Así que una reforma orientada exclusivamente a las leyes secundarias, posiblemente pudiera suscitar mayores consensos y, por tanto, un procesamiento legislativo más ágil, con menores confrontaciones. En tal escenario, cabe enumerar algunos temas.

El primero que salta a la vista se refiere a la necesidad de precisar las atribuciones del INE y los institutos locales, a fin de privilegiar la colaboración y evitar la conversión del INE en una instancia superpuesta a ellos. El bicentenario debate entre centralismo y federalismo se expresa cotidianamente en este tema y vale la pena introducir definiciones claras, en consonancia con la forma de gobierno establecida en el artículo 40 de la Carta Magna y la naturaleza autónoma que el artículo 116 constitucional otorga a los institutos locales.

En torno al modelo de comunicación política, y dejando intocados los dispositivos constitucionales, cabe pensar su flexibilización para diferenciar entre la propaganda política y la propaganda electoral; también pareciera haber consenso en cuanto a la ineficacia comunicacional y la irritación social que suscita la spotización por lo que parece aconsejable un esquema mixto y flexible, en el que programas de 5 minutos coexistan con la figura del spot. Conviene también evitar pautados excesivos, sobre todo en comicios extraordinarios. La precisión normativa, sobre todo, debe favorecer una interacción virtuosa, que reconozca todos los intereses en pugna y los encauce. No se trata de hostilizar a nadie, sino de armonizar cada interés particular con el interés general.

En materia de fiscalización, detecto dos temas centrales: perfeccionar la obligación de los entes obligados de hacer sus registros contables en línea, y disponer un plazo límite para la conclusión de los procesos de selección interna de los partidos políticos y de obtención de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes, con el fin de dar espacio suficiente a la fiscalización de precampañas y evitar que se superpongan con la fase de campaña.

También se requiere especificar con mayor claridad los actos anticipados de campaña, para no pretender reducir al silencio permanente a los políticos, al tiempo que se frenan abusos. En el desarrollo de las campañas mismas, se requieren mayores herramientas legales para combatir y sancionar la coacción y la compra de votos.

Respecto de la reelección, se presentan diversos dilemas: ¿Cómo se definirá la igualdad de género en candidaturas de legisladores y presidentes municipales? ¿Tendrán primacía los servidores públicos en funciones? ¿Deberán solicitar licencia antes de la elección para aspirar a ser reelectos? ¿Cuáles serán las reglas de equidad en la competencia electoral?

En fin…, pueden abordarse muchos temas más de diverso nivel de urgencia y que, por tanto, requieren distinto tipo de intervención legislativa. Como quiera que sea, lo relevante es que debemos dar a la ley la oportunidad de cumplir su cometido relativo a la regulación de las conductas.

La elección de 2018, en la que, además del Ejecutivo y la totalidad del Legislativo federales, se elegirán muy diversos cargos en 30 entidades federativas prefigura un escenario de inusitada tensión política y significativa complejidad operativa. La promoción de un proceso electoral debidamente regulado, certero, transparente y legítimo vale la pena. Si la reforma legal puede contribuir a ello, emprendámosla.
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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