Devolución de recursos sobrantes de campaña, obligación legal y ética

POR: Opinión Del Experto Nacional
Por Javier Santiago Castillo* Suele decirse que lo único que no sobra en una campaña electoral es el dinero. En general es verdad, regularmente las campañas concluyen con deudas de partidos y candidatos con sus proveedores o bien con instituciones de crédito. En esta ocasión, sin…

Por Javier Santiago Castillo*

Suele decirse que lo único que no sobra en una campaña electoral es el dinero. En general es verdad, regularmente las campañas concluyen con deudas de partidos y candidatos con sus proveedores o bien con instituciones de crédito. En esta ocasión, sin embargo, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos ha detectado supuestos subejercicios del financiamiento público para gastos de campaña.

En razón de su naturaleza de entidades de interés público, la Constitución General de la República dispone que “la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.”

Se trata de recursos destinados: al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante las elecciones, y las de carácter específico. A su vez, el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos establece como obligación de los partidos, la de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”. La Ley permite que se apliquen recursos del gasto ordinario para las campañas, pero no a la inversa.

Estas disposiciones deben interpretarse a la luz de la evolución que ha registrado la materia presupuestal y de rendición de cuentas en nuestro país. Los cambios normativos e institucionales han llevado a la progresiva conversión de las antiguas Contadurías Mayores de Hacienda en Auditorías Superiores, de la Federación o de las entidades federativas.

En lo relativo al control, se fortalecieron las facultades de los entes fiscalizadores; en lo institucional, se precisaron las normas para que los recursos del erario sean exacta y puntualmente aplicados a los fines definidos en los presupuestos, se administren con criterios de eficacia y eficiencia y, en su caso, los remanentes presupuestales sean devueltos al erario, sin posibilidad de desviarlos a, por ejemplo, la constitución de fideicomisos súbitos, semiocultos o que no hayan sido debidamente formalizados con anterioridad.

Puede ser objeto de polémica, pero la lógica de dotación, administración y comprobación de los recursos públicos conduce a considerar a los partidos políticos como entes ejecutores de gasto, por el financiamiento público recibido. Por tanto, están obligados a rendir cuentas por los recursos públicos en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otra parte, de modo directo, les es aplicable el artículo 126 constitucional, según el cual “no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”, ya que el dinero de las campañas se encuentra previsto y presupuestado exclusivamente para ese fin.

En el campo específicamente electoral, el legislador emitió disposiciones elocuentes respecto de la devolución de recursos no empleados. Respecto de los candidatos independientes, en el artículo 410 se estableció que “los Candidatos Independientes deberán reembolsar al Instituto el monto del financiamiento público no erogado”.

De igual manera, el artículo 188 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de las franquicias postales que se otorgan a los partidos, indica que “si al concluir el ejercicio fiscal que corresponda quedaren remanentes por este concepto, serán reintegrados a la Tesorería de la Federación como economías presupuestarias”.

Nunca antes, desde la instauración del régimen de financiamiento político, se había requerido a los partidos a devolver remanentes del financiamiento de campaña. Ocurre, sin embargo, que la evolución normativa general en materia de asignación y uso de recursos públicos, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la incorporación de disposiciones de aplicación analógica en la propia legislación electoral, dan fundamento y motivo a ello.

Nuevos tiempos y nuevas reglas exigen nuevas prácticas. Los partidos políticos no están al margen del sistema jurídico mexicano, ni están constreñidos a la sola aplicación de las leyes que específicamente les rigen. Devolver los recursos que les fueron entregados para el fin exclusivo de sus campañas electorales y que no erogaron, sin duda alguna, fortalecerá la nueva institucionalidad electoral, haciendo más claro el gasto de los partidos en las campañas electorales.

Se trata de recursos públicos previstos para un fin socialmente útil y relevante como son las campañas, los remanentes deben emplearse para otro fin de interés nacional. Por eso deben devolverse como lo hace cualquier entidad que recibe recursos del erario y no los ejerce.

*Consejero electoral del INE/Profesor UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: Excélsior.

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