Prudencia, cualidad del ejercicio del poder

El pasado 8 de julio de 2015, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron, por unanimidad, revocar el Acuerdo tomado por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), quien validó el registro de las fórmulas de candidatos a diputados locales y ayuntamientos a pesar de que los partidos políticos incumplían el principio de paridad de género (vertical y horizontal).
A diferencia de los casos del Estado de México, Nuevo León y Sonora, en esta ocasión la Sala Superior ordenó ajustar las listas de candidatos para cumplir con el principio de paridad de género, aún y cuando las campañas electorales de Chiapas iniciaron el 16 de junio y concluyeron el 15 de julio. Dicho ajuste fue aprobado por el instituto local el pasado 13 de julio.
Los magistrados dieron vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar la conducta de los consejeros electorales del IEPC, porque convalidaron el incumplimiento de una obligación constitucional y legal. También solicitaron al INE que informara sobre el inicio del procedimiento en contra de los consejeros. Hasta aquí la resolución del Tribunal resulta clara. Pero, más adelante, ordenaron al INE emitir un informe cada dos meses hasta que concluyan las investigaciones sobre la actuación de los consejeros locales y, en su caso, se establezcan las sanciones correspondientes. Permítame abundar sobre este punto.
Uno de los principios procesales del Derecho mexicano es la reserva de las actuaciones procesales, contenido en diversas leyes. En particular la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prescribe la reserva de la información para proteger el derecho al debido proceso. Además de proteger la privacidad de las personas que están sujetas a una investigación judicial o administrativa.
Lo anterior busca que los órganos del Estado no hagan mal uso de la información que poseen de una persona, cuando está sujeta a una investigación. Las resoluciones del Tribunal son inatacables y obligatoriamente acatadas por las autoridades administrativas electorales. De esto no hay la menor duda. Pero, la falta de precisión en las resoluciones puede conllevar a afectaciones irreparables para los gobernados.
Desde el punto de vista institucional, tampoco es claro que la instancia jurisdiccional se encuentre facultada para requerir informes periódicos a la autoridad administrativa sobre sus actuaciones, aun cuando deriven del cumplimiento de una resolución. La indiscutida condición del TEPJF de máxima instancia jurisdiccional no se traduce en superioridad jerárquica. El ejercicio de un amplio poder exige correlativa prudencia.
La institucionalidad democrática en materia electoral implica que las relaciones de colaboración entre sus componentes locales y nacionales y el ejercicio que cada uno hace de las facultades que la ley les confiere no se conciban como supra-subordinación. Las resoluciones de todas las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, son revisables por el TEPJF, pero sólo mediante procedimientos legal y explícitamente establecidos y con formalidades debidamente señaladas
El máximo tribunal en materia electoral tiene alcances y límites, así como un campo de actuación determinados por la Constitución y las Leyes que rigen la materia electoral. Por ello sorprende la orden de informarle periódicamente de actuaciones que están en el campo de atribución de la autoridad administrativa.
Es por ello que, en la mesa del Consejo General, me pronuncié por solicitar al Tribunal una aclaración de sentencia respecto a los términos en que se rendirían los informes. A pesar de que no prosperó mi propuesta, no deja de ser prudente y razonable.

*Consejero Electoral del INE/
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica.

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