“Los cargos públicos electorales, a debate”. -Excélsior.

El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca ordenó indemnizar a los consejeros sustituidos por ley, pero tal resolución viola la Constitución

Opinión del experto nacional 17/04/2015 01:53

Por Javier Santiago Castillo *

El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca pareciera adherirse a una perniciosa concepción de los cargos públicos. Emitió una resolución por la cual dispone una indemnización a los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que no fueron ratificados en sus cargos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La autoridad jurisdiccional estatal considera que el Decreto de nombramiento del Congreso del estado de Oaxaca disponía la duración del cargo para el que fueron designados los consejeros y que, por lo tanto, les otorgaba estabilidad en el desempeño de sus funciones. Estima que se violó el principio de inamovilidad y se transgredieron derechos adquiridos de los consejeros. En consecuencia, dispone la entrega de una indemnización de cerca de 2.4 millones de pesos para cada uno de los demandantes.

Usted posiblemente coincidirá con el Tribunal. Desde el punto de vista laboral, la “rescisión” del contrato de trabajo implica una indemnización. Pero ocurren dos circunstancias no consideradas por la autoridad jurisdiccional local. En primer lugar, cabe decir que confunde un empleo con un cargo público. El empleo constituye un derecho y la estabilidad en él forma parte de la esfera patrimonial de los trabajadores; es su trabajo. El cargo, por su parte, es una encomienda de la sociedad en favor de una persona, sujeto a plazos y condiciones determinados por la ley. Los servidores públicos generan derechos de diverso tipo sobre su plaza, pero ésta no forma parte de su patrimonio. Las personas que ocupan un espacio en la administración pública en la que por disposición de ley ejercen actos de autoridad no poseen un empleo, sino que ejercen un cargo público. De modo que sólo coloquialmente pueden aludir a su cargo, pero obviamente no les pertenece en términos legales. Así que, al ser removidos de él, no tienen derecho a recibir una indemnización.

Imagine usted, estimado lector, que los diputados, presidentes municipales, regidores, secretarios, altos mandos de la administración pública… o consejeros electorales no pudieran ser sustituidos sino mediante una indemnización por conclusión anticipada o por término de mandato. En vista de los casos lamentablemente frecuentes de patrimonialismo en el ejercicio de la función pública no es necesario abundar sobre los efectos nocivos de interpretaciones como las que nos ofrece el Tribunal oaxaqueño.

Una segunda omisión significativa o interpretación deficiente se refiere a la constitucionalidad. La Reforma Constitucional en Materia Electoral de 2014 estableció un nuevo sistema, en el cual se abandona la designación de consejeros a cargo de las legislaturas, para que en lo sucesivo sea el Consejo General del INE quien la realice. El régimen transitorio de la Reforma no dispone la permanencia de los consejeros designados conforme al modelo anterior. El artículo cuarto transitorio establece la conservación de derechos laborales del personal del otrora Instituto Federal Electoral y, por analogía y extensión, de los organismos públicos electorales locales, pero, como hemos visto, los consejeros no son empleados de los institutos electorales, sino que ocupan un cargo público.

Ya que el régimen transitorio constitucional no les resulta aplicable, la indemnización que el Tribunal establece en favor de los demandantes deviene infundada y equivale a una inadmisible condición para el cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Magna en este asunto. El Tribunal inobserva el principio de supremacía constitucional, al limitarse a meras alusiones que no nutren el análisis e incluso terminan contraviniendo sus dispositivos, al señalar equivocadamente derechos y, además, considerarlos preexistentes por simple cronología, pasando por alto que, en buena lógica jurídica, ninguna disposición legal es anterior a la Constitución, pues en ésta se materializa el pacto social.

Así lo razona con claridad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en su resolución SUP-JDC-4984/2011, al indicar que “no existe aplicación retroactiva en perjuicio del actor, porque (la integración de los órganos administrativos electorales locales) proviene de un nuevo diseño constitucional del sistema electoral”.

Finalmente, la sentencia del Tribunal oaxaqueño omite considerar que, de acuerdo con el artículo 127 constitucional, “no se concederán ni cubrirán (a los servidores públicos) jubilaciones, pensiones o haberes de retiro ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración”. Si la Constitución no dispuso indemnización para los consejeros lo hizo en función de la naturaleza del encargo, no para que a nivel local se resolviera cualquier cosa en contrario.

La sentencia fue recurrida ante el TEPJF. Esperemos que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia restaure el vulnerado principio de supremacía constitucional y ratifique que los cargos públicos no constituyen patrimonio personal de nadie, sino que se otorgan para el buen servicio a la sociedad.
* Consejero Electoral del INE/profesor de la UAM-I

@jsc_santiago

www.javiersantiagocastillo.com

Fuente: http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2015/04/17/1019212#.VTEVC885CdQ.twitter

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