“Transparencia en las comisiones del INE”-La Crónica

Javier Santiago Castillo | Opinión | Fecha: 2015-03-13 | Hora de creación: 23:46:04 | Ultima modificación: 23:46:04

Hace casi un año, la reforma Constitucional en materia de transparencia maximizó nuestro derecho a conocer. Es de naturaleza pública toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres niveles de gobierno, sindicatos, partidos políticos, cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. Sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. Asimismo, todas las autoridades deberán interpretar el derecho de acceso a la información conforme al principio de máxima publicidad.

En consonancia con ello, la pasada reforma Constitucional y legal en materia electoral incorporó la máxima publicidad entre los principios rectores de la función electoral. Es así que las autoridades electorales están obligadas a transparentar del modo más amplio sus actividades y brindar a los ciudadanos las mayores facilidades de acceso a la información, sin menoscabo de su obligación de proteger los datos personales.

Heredero del Instituto Federal Electoral —una de las instituciones públicas que implementaron las primeras medidas en materia de transparencia—, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra ante una nueva y estimulante encomienda. Si bien existen medios para que el ciudadano obtenga información generada o administrada por el Instituto, uno de los retos más grandes es que ellos estén informados de las determinaciones de las diversas áreas en el menor tiempo posible, así como del modo más cabal y certero.

Por esta razón, en la pasada sesión del Consejo General del INE se votó una modificación al Reglamento de Comisiones del Consejo General. Tiene como objetivo transmitir todas las sesiones de las comisiones del Instituto, excepto aquellas en las que se discutan asuntos que claramente pueden afectar o beneficiar a un tercero.

Con esto último no se trata rehuir la obligación de informar los asuntos de interés de los ciudadanos. Existen casos especiales en los que su discusión pública alertaría a los posibles infractores, les daría elementos para mejorar sus estrategias de evasión, y retardaría o haría ineficaz la acción de la autoridad. Eso afectaría la equidad en la contienda en el Proceso Electoral Federal, o bien generaría entornos contrarios a la impartición oportuna de justicia electoral. Quisiera darle un ejemplo: la Comisión de Fiscalización toma decisiones sobre la evaluación de los gastos partidarios o bien ordena diligencias adicionales, que por su naturaleza deben hacerse con discreción, así como todo procedimiento seguido en forma de juicio debe desplegarse con reserva. Así que la afectación a la debida vigilancia de los recursos no siempre logra armonizarse con el derecho de las personas a conocer, paso a paso, las acciones del Instituto.  No es que no se informe a la ciudadanía; es que la información demora un poco más en ponerse a disposición: al término de los procedimientos de revisión, al emitirse la resolución que corresponda. En el ínterin y sin que medie petición alguna, de oficio, se publican resultados de monitoreos y se entrega a quien lo solicite información específica, un contrato por ejemplo.

Por ello, la Comisión de Fiscalización no transmitirá todas y cada una de sus sesiones; algunas otras comisiones podrán actuar del mismo modo podrán, por la naturaleza de los asuntos a discusión, pero siempre fundando y motivando esta excepción estrictamente temporal.

Otro de los puntos que se discutieron fue el referente a la capacidad técnica que actualmente tiene el Instituto para la transmisión en audio y video de todas las sesiones de todas las comisiones. Lo cierto es que no hay suficientes recursos para ello. Consciente de esta dificultad técnica, propuse que se permitiera a los concesionarios de radio y TV la grabación de las sesiones, para su transmisión y/o ejercicio de su labor informativa, tal y como sucede en las sesiones del Consejo General. Sin embargo, la decisión de la mayoría fue que se incorporara otro tipo de formatos y que se adicionara un transitorio en el que se estableciera que las sesiones serán transmitidas sólo en audio, en tanto se adquieren equipos para transmitir video. No es lo óptimo, pero es un importante avance y un claro compromiso en favor de la transparencia.

Con este acuerdo, el INE ratifica que, en tanto que órgano autónomo del Estado Mexicano, se debe a los ciudadanos. Mediante la información que del modo más amplio y oportuno se les provee, de oficio o a petición, los ciudadanos estarán en mejores condiciones de construir su propia opinión, emitir el voto libre e informado, y de colaborar con la autoridad en la vigilancia que exige el buen desarrollo de este Proceso Electoral. Bienvenida la máxima publicidad.

  • Consejero Electoral del INE.

Profesor UAM-I

Fuente: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/888451.html

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