01-03-2018
En el año de 1790 se habló por primera vez de la creación de un Archivo General. Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, segundo Conde de Revillagigedo, tuvo la visión de diseñar un proyecto de gran envergadura para almacenar y resguardar de forma eficaz y segura los documentos de la Nueva España. No fue sino hasta el 23 de agosto de 1823 que esta idea se materializó con la instauración del Archivo General y Público de la Nación.
Este nuevo esquema presentó avances importantes en materia de difusión y trasparencia, pues los archivos, así como los servicios que la institución ofrecía estaban a disposición de todo aquel interesado en la consulta del acervo. Durante un largo periodo, el Archivo dependió del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y de la Secretaría de Estado. No fue sino hasta 1918 que, convenientemente, cambió su nombre a Archivo General de la Nación y se incorporó a la recién creada Secretaría de Gobernación, de la cual hasta la fecha depende.
No es casualidad que a partir de entonces y hasta la fecha, el poder político haya concentrado el manejo de la información institucional. El oscurantismo vivido durante décadas en materia de acceso a la información gubernamental, fue el reflejo de la política de persecución y hostigamiento dirigida a los enemigos del régimen.
La adición de la fracción XXIX-T al artículo 73 constitucional, mandató la expedición de “la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”.
Es un significativo paso adelante en la preservación de lo que hemos sido y lo que somos, en la reivindicación de la memoria histórica de la Nación. Documentar, organizar, preservar y brindar acceso a toda persona a los documentos y registros físicos y electrónicos que generan las instituciones y particulares de trascendencia nacional e histórica, contribuye a entendernos como Nación y a recrear nuestra identidad.
Hacerlo, además, de modo sistemático y con criterios homogéneos ayuda al logro de archivos conformados por documentación viva, con valor para el presente y el futuro y no simple acumulación de papeles.
La Ley, fruto de la conjunción de esfuerzos muy diversas instituciones y organizaciones, señala como sujetos obligados a toda persona física o moral que administre recursos públicos y realice actos equivalentes de autoridad e involucra las esferas federal, estatal y municipal, con lo que el sistema archivístico rebasa el solo ámbito gubernamental, para constituirse como mecanismo efectivamente nacional.
Como corresponde a toda ley general, la nueva ley de archivos distribuye competencias entre los ámbitos federal y locales. Sin embargo, pareciera abrevar en un prejuicio cada vez más frecuente y cada vez más pernicioso: que desdeña las aportaciones locales y establece la conducción centralizada del tema, por lo que las sinergias devienen simple imposición centralista y la innovación local queda cancelada.
La fórmula utilizada es la “centralización normativa y la descentralización operativa”, que supuestamente respeta la autonomía de los órganos estatales y municipales en la materia, pero que en realidad los subordina. Buen ejemplo de ello es la previsión para que los Consejos locales adopten, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las resoluciones que tome el Consejo Nacional de Archivos encargado de diseñar la política procedimental de acceso al acervo.
De esta forma la política pública de archivos históricos y administrativos sigue el camino de la centralización que con más sombras que luces se ha aplicado en el terreno electoral. Ese simplismo que niega la diversidad nacional, desdeña logros locales y supone que el retraso en algunas regiones se subsana con dicterios y voluntarismo centralistas, puede frenar el positivo impulso contenido en la Ley General de Archivos. Debe evitarse en el accionar del Consejo Nacional. Debe transitarse por el sendero más arduo, pero al final más fructífero de la concertación y la sinergia.
Bienvenida la nueva Ley. Es tiempo de dar paso a una política de archivos más técnica y profesional, que tenga por objeto no el control de la información, sino su adecuado y eficaz manejo. La memoria es el vínculo intangible entre el tiempo y el espacio, y el acceso a ella es nuestro derecho humano.
*Profesor UAM-I,
www.javiersantiagocastillo.com
Vía: attimes.mx
Javier Santiago Castillo 