2018-03-04

La corrupción está devorando a las instituciones. Aquí y allá, en diversas latitudes y con mecanismos variados, observamos casos de corrupción en el ejercicio del poder. ¿Es un hecho inevitable, asociado con la psique ­humana, o una falla o ineficiencia de las instituciones?

El Índice de Percepción de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexi­cana, arroja que en 2017 México retrocedió un punto, de 30 a 29, en una escala en la cual el 0 refiere a los países peor evaluados y el 100 a los mejor evaluados, es decir, en términos porcentuales, estamos por debajo del 30 por ciento.

El resultado es publicado en un ambiente nacional complejo. El sexenio termina con manifestaciones de distintos sectores de la sociedad que denuncian actos de ­corrupción; probablemente la contienda electoral exacerba semejantes expresiones. Sin embargo, la corrupción no es nueva, sus primeras manifestaciones se remontan a la conquista española, cuando a los españoles que se les encomendaba la administración de ciertos territorios (encomenderos) recibían “sobornos”; es el caso de las alcabalas, aduanas internas que cobraban el derecho de paso, y en muchas ocasiones estas cuotas no eran reportadas ni llegaban a las arcas de la corona.

Muestra de que el problema de la corrupción como fenómeno político se gesta en las primeras décadas del siglo XIX es el estudio de John Coatsworth, Los orígenes del atraso, en el que plantea que a finales de la colonia, México se encontraba en condiciones económicas parecidas a las de los Estados Unidos y unas décadas después la brecha entre el desarrollo de las dos naciones ya era enorme.

A finales del siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por la consolidación de la política de compadrazgo, en la que los problemas del país se resolvían en las élites económicas y burocráticas; también es conocido que el héroe nacional por su participación en la intervención francesa tenía preferencia por los inversionistas ingleses. Los treinta años de gobierno del General son muestra clara de manipulación del poder político para permanecer en él. Es de todos sabido que el régimen de partido hegemónico que padeció México a lo largo de 70 años arrojó niveles inauditos y numerosos de corrupción, que ahondaron la función, nacida en el porfiriato, de ser un adhesivo del sistema, que permitía complicidades y adquiría lealtades políticas.

No todo es obtención de beneficios en numerario para quienes pervierten la aplicación de la ley. Al calor de la contienda electoral es inevitable observar con preocupación que la llamada “estafa maestra” pareciera ser tomada como simple travesura y por otro lado, pese a los probados señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no ha implicado mayores acciones de la Procuraduría General de la República.

En contraste, el sólo dicho de un abogado según el cual dos clientes incógnitos realizaron actos de triangulación de recursos en favor de una persona a la que simplemente señala como personero de Ricardo Anaya, desató la inmediata apertura de un expediente de investigación. Así que la PGR desdeña los hallazgos de la ASF y en cambio concede total crédito a una persona que dice representar a dos delincuentes. No se activa frente a una posible desviación de recursos públicos por algo más de tres mil millones de pesos, mientras viola la secrecía del procedimiento para filtrar que indaga posible evasión fiscal por 56 millones de fondos privados.

Suponíamos que el uso de las instancias de procuración de justicia para la persecución y el hostigamiento político había quedado en el pasado. No parece ser así. Constituye un acto de corrupción no sólo por sus efectos directos en la perversión de las instituciones, sino porque la conservación del poder a toda costa implica la impunidad y la continuación de actos de corrupción en ­numerario que se han señalado en este sexenio.

Con la alternancia en el poder nos dimos cuenta que la corrupción no desaparecería por arte de magia, o que no depende de la integridad de un gobernante, que no es exclusiva de la clase política. La corrupción la vivimos diariamente y en diversos niveles; en la vida pública está presente en los litros de 900 ml o menos, en el sobrecargo en el servicio de transporte, en la compra de certificados escolares apócrifos, en la denominada “mordida”. En el ámbito político la corrupción se observa en los tres niveles de gobierno, en las empresas paraestatales, en los gobiernos y funcionarios de todos los partidos y en los distintos niveles jerárquicos.

Pero no es sensato suponer que el uso extendido y ­casi automático de la “mordida” nos convierte en un país de corruptos, que está en nuestra psique. No, la explicación debe buscarse en un tipo de relación entre gobernantes y gobernados de tipo clientelar, que conserva numerosos rasgos autoritarios y utiliza la ley a su conveniencia, sin reconocimiento de los derechos de los gobernados. Poco a poco, merced a numerosas personas y organizaciones, avanzamos hacia una democracia de derechos, que no se circunscribe al sólo acto del voto, ­sino que debe alcanzar la vida cotidiana.

La corrupción ya no es el lubricante sistémico de antaño. Eso se debe a que la sociedad ya no es la misma, amplios sectores están molestos, irritados con quienes gobiernan sin distinción de partidos. El combate a la corrupción, su erradicación como práctica cotidiana, exige una transformación sistémica en clave democrática. No es labor de una persona ni pasa por su honestidad personal, sino que es fruto de una estrategia perseverante y de largo plazo.

La seguridad jurídica constituye una de las más importantes funciones del Estado. Cuando una persona debe otorgar dádivas para obtener justicia, evadirla o simplemente lograr que un servidor público cumpla con su labor, estamos ante una falla de las instituciones y ­ante una perversión del vínculo que las une con la ­ociedad. Es un problema creciente para la legitimidad del Estado.

El inminente inicio de la campaña electoral ya muestra que el intercambio de acusaciones por actos de corrupción, presuntos o reales, directos o indirectos proveerá muchas anécdotas y enlodará el proceso. Acaso es ­pedir demasiado, pero creo que el debate electoral ­debiera girar en torno a la política y las estrategias capaces de abatir el flagelo de la corrupción.

 
Consejero Electoral del INE/
Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica