2018-01-01

El accionar de la administración pública pasa por tres momentos básicos. La presupuestación, la asignación de recursos, y el ejercicio. Para presupuestar se requiere un diagnóstico básico de la necesidad a atender y para asignar los recursos deben existir reglas de operación claras y equitativas. De otra manera resultan distorsiones que pervierten el ejercicio presupuestal propiciando el desperdicio y la corrupción. 
Es el caso del llamado ramo 23. Es uno de las más polémicos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y en este momento se encuentra en la picota del debate público. Su nombre oficial es el de Provisiones Salariales y Económicas; originalmente se denominó “Erogaciones no sectorizables”. De este Ramo se otorgan recursos económicos a entidades federativas y municipios a través de fondos específicos, la dependencia encargada de administrarlo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe mencionar que los fondos del Ramo 23 son independientes del gasto directo asignado a las dependencias y entidades.
De 2012 a 2017 la bolsa de dicho Ramo pasó de 63 mil 322 millones a 131 mil 865 millones respectivamente, para 2018 se designaron 107 mil millones. Las partidas más importantes de este rubro son las de Fortalecimiento Financiero, Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo de Capitalidad y, Proyectos para el Desarrollo Regional. Son recursos utilizados para cubrir compromisos salariales, adeudos con proveedores o realizar obra pública.
El Ramo 23 ha sido cuestionado por que sus fondos no cuentan con reglas claras de operación para acceder y ejercer sus recursos. Es un primer dato sobre la opacidad en su determinación y ejercicio. Habitualmente, la asignación de estos recursos inicia con un intenso y no del todo claro cabildeo para determinar el PEF en la Cámara de Diputados. Los diputados, gobernadores y presidentes municipales negocian para que se les autoricen proyectos en este Ramo.
Allí empieza el problema. Es admisible que los diputados vean en este mecanismo una vía para gestionar recursos que favorezcan a sus regiones y electores. Para el gobierno federal, constituye un instrumento de negociación política que no pocas veces concluye en un intercambio de asignación de recursos por votos a favor del presupuesto. La opacidad en los acuerdos suscita problemas adicionales. No es infrecuente que los diputados etiqueten recursos sin una efectiva evaluación de las necesidades regionales y sin coordinación con los municipios, que deberán ejercerlos. Sería un problema menor, de no mediar la deleznable práctica de asumirse como “dueños del dinero” y, por tanto, dictar el modo como habrá de ejercerse e, incluso, señalando las empresas que emprenderán los proyectos.
Las posibilidades de corrupción o la realización de obras que no son las socialmente prioritarias está presente en el concepto mismo del ramo 23, como en su negociación legislativa y, sobre todo, en su tramo de ejecución. Cabe recordar que la Secretaría de la Función Pública define la corrupción política como la “manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio”. Esta actividad se vincula directamente con la opacidad de las actividades gubernamentales.
En términos de presupuesto, la corrupción puede ser entendida como la distribución inequitativa de los recursos públicos, propiciando que el gasto público sea utilizado de manera discrecional, con fines particulares o de grupo. Lo anterior distorsiona la finalidad de administrar eficientemente los recursos públicos, es decir, ejecutar el gasto público con calidad a fin de que se vea reflejado en beneficio directo para la población.
La asignación de recursos sin reglas claras de operación es un mecanismo de opacidad y promueve la asignación discrecional de los recursos y obedece más bien a coyunturas políticas, en las que se favorece a unos o se perjudica a otros. Sin embargo, se mantiene vigente, sin duda porque a los actores políticos les resulta útil. Es, sin embargo, una rémora que lastra nuestro desarrollo democrático y el ejercicio eficaz, eficiente y honesto de los recursos públicos. Por ello, transparentar su asignación y ejecución es una tarea de la mayor importancia.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago

Vía: attimes.mx