2018-02-04

En un pasado no muy remoto, las campañas electorales se movían en la lógica de un prolongado desfile triunfal de un candidato fuerte, que sólo enfrentaba acciones testimoniales de algún opositor. Este escenario fue cambiando paulatinamente hasta 1997, cuando el partido hegemónico perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y con la elección presidencial del año 2000 y la alternancia que dio fin a la hegemonía del PRI, iniciándose una etapa de recrudecimiento de la competencia por la titularidad del Poder Ejecutivo Federal y de todos los demás puesto de elección popular. 

Por su lado, antes de 2014 las precampañas eran un territorio de nadie, sin reglas claras. Durante el largo periodo con un sistema de partidos con la hegemonía de uno de ellos, las precampañas no tenían mayor relevancia para la competencia electoral. Tuvieron que pasar dos elecciones presidenciales (2006 y 2012) para que los partidos buscaran regular esta etapa que, de manera natural proporcionaba ventaja al candidato del partido que tuviera la titularidad del Poder Ejecutivo, ya fuera federal o estatal. A todos los partidos les convenía la regulación, porque contribuía a tener un piso más parejo para la competencia.

Con la reforma electoral de 2014, a la par de que se regularon las precampañas se disminuyeron los tiempos de campaña. Están principiando a salir a flote deficiencias de la normatividad sobre estos temas. Aunque algunas de ellas fueron advertidas desde el momento de la discusión legislativa.

Abordemos primero las precampañas. Hubo quienes sostuvimos que otorgar tiempos del Estado en radio y televisión para los precandidatos no era correcto, porque, independientemente del método de la selección de sus candidatos, era y es una actividad interna de los partidos.

En la realidad, la propaganda de las precampañas, afirmamos en su momento, formarían parte de las estrategias partidarias de campaña. Además, se advirtió sobre el riesgo de la saturación de mensajes políticos, conocido como spotización, con las consecuencias negativas para la acción política. Sobre todo, su contribución al hartazgo ciudadano, al verse saturado por algo más de 18 millones de mensajes de los partidos y de las autoridades electorales, muchos de ellos insulsos, durante las precampañas.

Creo que nadie en su sano juicio y con algún grado de objetividad podrá afirmar que la propaganda en radio y TV de las precampañas está fuera de las estrategias de campaña. El argumento de las cifras es contundente: El PRI tiene derecho a trasmitir dos millones 852 mil anuncios; el PAN, dos millones 155 mil spots; el PRD, un millón 291; Morena, un millón 79 mil; el Partido Verde, 958 mil; Movimiento Ciudadano, 889 mil; Nueva Alianza, 687 mil; Encuentro Social, 653 mil y el Partido del Trabajo, 615 mil. Todos éstos suman 11 millones 184 mil spots de los partidos.

Aunado a lo anterior, del 12 de febrero al 29 de marzo, que es el periodo de intercampaña, los partidos y autoridades se repartirán 13.7 millones de anuncios. Las precampañas y el periodo de intercampañas son, en los hechos, tiempos de campaña disfrazados de precampaña.

Según información preliminar, porque sólo se ha aprobado la pauta de precampañas y todavía no se efectúa la de las campañas, la presencia en los medios que los partidos políticos tendrán, a partir del inicio de las campañas y hasta el 27 de junio, es de 26.9 millones de anuncios de radio y televisión, de 30 segundos. En cambio, los candidatos independientes, para cualquiera de los cargos en disputa, tendrán que repartirse 690 mil 642 promocionales. Estos datos muestran con toda claridad la inequidad que existe en la propaganda por radio y TV.

En el periodo de reflexión que se inicia el 28 de junio y el propio día de la elección, las autoridades electorales utilizarán 1.1 millones de spots para promocionar el voto. Cabe mencionar que el INE tenía estimado gastar, en 2018, entre 25 y 45 millones de pesos para la producción de sus spots institucionales (El Universal 20/XI/2017). Desconozco si esa cantidad fue disminuida debido al recorte presupuestal realizado por la Cámara de Diputados. después del recorte presupuestal. A primera vista y sin ser experto en la materia, dos cosas saltan a la vista: se presupuestó a ojo, y no necesariamente de buen cubero, porque el rango entre el mínimo y el máximo presupuestado es muy alto y; por otro lado, el costo por spot de 30 segundos es muy costoso.

Las conclusiones de estas reflexiones pudieran parecerles a algunos de Perogrullo, pero es necesario insistir en la reforma a la legislación electoral para mejorarla y contribuir a la equidad en la competencia.

Insistiría en no otorgar tiempo de radio y televisión a las precampañas de los aspirantes a conseguir un cargo de elección popular, porque es una actividad interna de los partidos políticos. En cambio, ampliar, razonablemente, el tiempo de la realización de las campañas, sin volver al esquema de los tiempos de la caravana triunfal. De esta manera se terminaría con la simulación de las llamadas precampañas, que en realidad son campañas.

Por otra parte, lo anterior disminuiría la brecha de inequidad entre los candidatos de partido y los independientes, reduciría el fenómeno de la spotización y devolvería una parte del tiempo a la industria de la radio y televisión.

Desde mi punto de vista, durante la campaña electoral la actividad institucional del INE debiera circunscribirse a promover la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla y a su capacitación. Lo cual redundaría en una disminución en el presupuesto para la producción de los spots.

Las reformas legales sobre estos temas, que vengan después de la elección, deben buscar terminar con simulaciones, mejorar la equidad en la competencia, evitar la saturación mediática del electorado, hacer más eficiente la trasmisión de los mensajes políticos y disminuir los costos electorales. Son medidas que sin duda alguna fortalecerán la confianza en la democracia.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica