Publicación previa de documentos del Consejo General del INE y transparencia proactiva.

La transparencia proactiva es una figura novedosa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Consiste en que los sujetos obligados, sin estar fuera del marco legal, publiquen información adicional a la que establece como mínimo la legislación, conocida como información pública de oficio. 

En este tenor, a finales de 2015, en la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) se discutió la viabilidad de que los dictámenes y resoluciones de los ingresos y gastos de los partidos políticos (de periodo ordinario, precampaña y campaña) fueran elaborados como documentos públicos (transparencia por diseño), con la finalidad de que fueran publicados en el portal del Instituto, antes de ser discutidos y, en su caso, aprobados por el Consejo General del INE. Rápidamente, dicha discusión se trasladó a un campo más amplio, la viabilidad de publicar todos los documentos discutidos en las sesiones del Consejo General, con antelación a la sesión respectiva.
Para ello en el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Nacional Electoral, aprobado el 27 de abril de 2016, se instruyó a la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) realizara un estudio de viabilidad. Los resultados preliminares que ha arrojado dicho estudio son:
1. Gran parte de documentos generados por las comisiones del Consejo, son públicos por diseño, por lo que no requieren de una valoración jurídica para su publicación.
2. En los casos de los dictámenes de fiscalización y sus resoluciones, así como las resoluciones de los procedimientos sancionadores, la elaboración de documentos públicos puede trastocar derechos como el debido proceso o la presunción de inocencia; puesto que al tratarse de documentos integrales es necesario que quienes los revisan y discuten posean la información necesaria para llegar a una determinación.
3. La publicación de documentos en el portal del INE antes de la celebración de las sesiones del Consejo conllevará dos tipos de costos: económicos y humanos. En este último caso se incluye la capacitación del personal y la inversión de tiempo que dedique el personal calificado para estas tareas.
El INE ha estado a la vanguardia en acciones de transparencia; basta recordar el Reglamento de Transparencia del año 2002 en el que inició la publicación de los ingresos y gastos de los partidos políticos en el portal del otrora Instituto Federal Electoral. Ahora, ante sectores sociales que demandan mayor transparencia en el quehacer público, es necesario avanzar hacia medidas que maximicen el derecho ciudadano de acceso a la información pública partidaria.
Toda vez que los gastos efectuados por los partidos políticos constituyen hechos inamovibles y que la opinión sobre su ortodoxia contable y ajuste a la normatividad constituye una valoración no definitiva, la publicación de tales datos no implica un pronunciamiento definitivo de autoridad, por lo que su publicación, como hecho cierto pero jurídicamente controvertible, no representa agravio para los partidos, siempre que tal característica nada banal se haga del conocimiento de quienes acceden a la información.
Así, me parece, se combinan armónicamente el derecho ciudadano a conocer con oportunidad, del modo más inmediato posible, cuánto y en qué gastan los partidos, pero también el derecho de éstos de objetar las valoraciones de la autoridad electoral administrativa. Enterados del carácter provisional de tal determinación, los ciudadanos podrán normar su juicio y tomar sus propias determinaciones sin esperar a la resolución definitiva de casos complejos, lo que conspira contra la oportunidad.
Al elevar al plano fundamental el derecho a conocer, aún en los casos en la que la información no adquiere el rango de definitiva, creo que apelamos a la capacidad analítica de los ciudadanos y tutelamos de mejor manera su derecho a saber. Cierto, la transparencia proactiva implica costos que no son sólo económicos, pero al observarla desde el punto de vista de sus beneficios para el ejercicio de derechos ciudadanos y colectivos, me parece que es una acción pertinente para el logro de una administración al servicio de la ciudadanía. De eso trata la democracia. Esperemos, entonces, que el Consejo General del INE se pronuncie a favor de su publicación.

*Profesor UAM-I,

@jsc_santiago,

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX

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