Con maliciosa inteligencia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución. Al calor de la emergencia nacional suscitada por los sismos de septiembre y de la “tormenta perfecta” desatada sobre el particular en las redes sociales, propone la supresión del financiamiento público a los partidos para transitar hacia un modelo de privatización plena, en el que, además, se facultará a las otrora prohibidas “personas morales de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros”, es decir a las empresas, erigirse en aportantes de los partidos. 

Los partidos políticos en todo el mundo, y los mexicanos no son la excepción, desde su balbuceante nacimiento en el siglo XVIII, nunca han gozado de altos niveles de aprecio ciudadano. Hay quienes desde una posición ideológica los observan como entes divisores de una idílica y nunca demostrada sociedad monolítica (las partes dividiendo al todo), pasando por los que observan a la política como ocupación de individuos aislados y nunca de colectividades, hasta los que simple y posmodernamente estiman que su deber intelectual estriba en desconfiar de todo y de todos.

Lo cierto es que aludir a que la democracia moderna, diversa, crecientemente compleja y de masas como la que vivimos es impracticable sin partidos políticos que encaucen los intereses y demandas sociales, de inmediato da lugar a airadas objeciones. Nunca como hoy los partidos habían registrado tales niveles de desafección ciudadana.

No cabe duda que el monto de recursos que el erario destina a las organizaciones políticas debe disminuir. La añeja y oscura fórmula de “costo mínimo de una campaña” fue sustituida por la multiplicación del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el valor de la unidad de medida y actualización (UMA). Cada uno de esos dos factores crece año con año y, además, al multiplicarse entre sí generan montos poco defendibles. No sólo eso. Sin razón aparente, dicha fórmula se llevó a las entidades federativas. Fue un exceso. El financiamiento público creció significativamente, al grado que crear un problema de finanzas públicas en diversas entidades.

Pero disminuir no significa desaparecer. Conviene tener presente que la dotación relativamente equilibrada de recursos públicos a los partidos, aunada a una actitud crecientemente prodemocrática de la sociedad, fueron los factores de impulso a nuestra aún frágil democracia. Con todas sus fallas, el financiamiento público ha impedido que la política se vea capturada por intereses particulares con capacidad de imponer su visión del mundo y de la acción pública por la vía del dinero.

Hay muchas razones para sentirnos insatisfechos con nuestro sistema de partidos. Hay muchas y bien fundadas críticas a su desempeño y vinculación con la sociedad. Pero convertir a los intereses corporativos en los patrocinadores de partidos y candidatos implica propiciar una lejanía aún mayor.

Sí, el financiamiento público es un tema del más alto interés ciudadano. Representa la posibilidad de que cada persona canalice sus intereses y los vea elevados a la agenda pública y no sólo aquellos que cuentan con recursos económicos para patrocinar partidos y candidatos. Es una garantía de que, en tanto que ciudadanos, la opinión de cada uno es valiosa y merecedora de debatirse en el ágora; de que podemos seguir aspirando a que cada expresión ciudadana cuente igual, ya que hemos logrado que nuestro voto cuente igual.

Pero cualquier enmienda al modelo de financiamiento político nos exige una reforma concomitante en el sistema de partidos, si queremos mejorar o profundizar la equidad, la pluralidad y la inclusión de nuestro sistema democrático.

La Ley General de Partidos Políticos contiene un variopinto conjunto de exigencias a las organizaciones políticas. Lo mismo les mandata la formación de cuadros generales y liderazgos femeninos, que la publicación de un medio de divulgación y otro teórico en esta era digital; igual les requiere tener órganos de dirección permanentes y tomar decisiones mediante órganos colegiados que acreditar periódicamente que conservan un mínimo de afiliados.

Por su parte, el Reglamento de Fiscalización del INE contiene disposiciones muy pertinentes que coexisten como meras minucias técnicas cuyo aporte al desarrollo administrativo y a la rendición de cuentas es algo más que dudoso, pero que conduce a la contratación de un número creciente de personal técnico-contable de nivel profesional.

Todo eso tiene un costo. En la lógica de la Ley y el Reglamento, toda acción partidista implica gastos, como si se tratara de empresas mercantiles, desdeñando e implícitamente haciendo sancionable la participación de la militancia, excepto como representantes de casilla por una muy sensata decisión de la Comisión de Fiscalización elevada a norma reglamentaria.

Respecto de la fórmula de financiamiento hoy vigente, tal vez convendría fijar los montos de manera trianual y no cada año, como actualmente se hace. También parecería sensato disminuir de 65 al 50 o 40 por ciento de la UMA y multiplicarlo por la lista nominal de electores, no el padrón que es un poco más grande, imponiendo un tope a la alza, medido por el índice nacional de precios al consumidor o similar. También, podría equilibrarse aún más la distribución del financiamiento para establecer 40 por ciento igualitario y 60 por ciento, o de plano 50 por ciento y 50 por ciento, en relación con la votación obtenida. Finalmente, se debiera incrementar la captación de financiamiento privado de militantes y simpatizantes, del equivalente al 10 por ciento del financiamiento público, al menos al 30 por ciento.

A la par de disminuir el financiamiento público, se debe repensar y modificar el diseño legal del sistema de partidos con el fin de que disminuir obligaciones burocráticas que no existen en otras latitudes, para disminuir su aparato administrativo y de esa manera reducir sus gastos.

Podemos pensar en muy diversos esquemas, asociados a la redefinición de algunas exigencias normativas para el accionar partidario. De lo que se trata es de buscar alternativas para que los partidos, de manera transparente e inclusiva, con adecuada y no burocrática rendición de cuentas, se conviertan en los productores de ideas políticas, conductos para la participación de la sociedad en los asuntos colectivos y propiciadores del interés general que nuestra joven democracia necesita y nuestra sociedad exige.

*Profesor UAM-I

@jsc_santiago

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Vía: La Crónica