En defensa de la representación proporcional

La iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, presentada por el Partido Revolucionario Institucional, de aprobarse, pondría en riesgo la estabilidad política del país. Suprime el financiamiento público a los partidos para transitar hacia un modelo de privatización plena, que ya he comentado en mi colaboración de la semana anterior. 

 

El segundo gran componente es la supresión de los diputados y senadores de representación proporcional. Con razón o sin ella, nuestros diputados no gozan de aprecio social. Las encuestas coinciden en que el Legislativo es una de las instituciones democráticas con mayor desafección ciudadana. Por ello para muchos resultará atractiva cualquier propuesta tendente a disminuir el número de legisladores.

 

No podemos olvidar la historia. Un sistema de partidos cerrado, con barreras casi infranqueables, produjo la segregación de minorías activas portadoras de ideologías, o matices importantes de éstas. La consecuencia fue que tales expresiones políticas e ideológicas operaban en los márgenes del sistema político o, de plano, emprendían acciones antisistémicas. Era una representación política defectuosa, pues amplios núcleos ciudadanos no veían representados sus intereses y visiones en los órganos legislativos y, con ello, se afectaba la estabilidad política.
La reforma electoral de 1977 tendió a resolver el problema en sus dos dimensiones: amplió y fortaleció el sistema de partidos y creó el sistema de representación proporcional. Esta manera de elevar a la esfera política la diversidad nacional ha permitido compensar la limitación natural del sistema de mayoría relativa en la elección de diputados y senadores.
El partido más votado en un distrito o entidad federativa obtiene el cargo en disputa, pero los ciudadanos que votaron por otra opción tienen la oportunidad de que su voluntad política se traduzca en escaños y curules mediante el sistema de representación proporcional. Así, se logra que casi todas las opiniones políticas existentes en la diversidad nacional se vean representadas en el Legislativo. No es un tema menor.

 

Es posible reducir el número de legisladores, sin renunciar al positivo efecto compensador del sistema de representación proporcional. La Ciudad de México redujo de 40 a 33 el número de diputados de mayoría relativa para igualarlos con los que se eligen por representación proporcional. Además, admite las candidaturas independientes.
En términos numéricos, la composición de la Cámara de diputados podría ser de 150 de mayoría relativa y 150 de representación proporcional. Ello conducirá a que cada fuerza política tenga el número de diputados que con mayor exactitud corresponde con la proporción de los votos que le otorgó la ciudadanía. Se disminuye hasta casi eliminarla la sobre-representación derivada del “toma todo” que implica el sistema de mayoría relativa. Se arriba a una mejor representación de la diversidad.
Otro tanto puede hacerse en el Senado, ajustando los senadores electos por mayoría relativa, por lista nacional y de primera minoría.
Pueden explorarse diversas opciones que no borren de un plumazo nuestra historia ni distorsionen el sistema de representación para conducirnos a un ya superado régimen de partido hegemónico. Y es que no resulta nada difícil pronosticar el saldo neto de la propuesta del PRI. Por

 

su implantación territorial en todo el país, y así lo indican las estadísticas electorales, así como por el carácter inconcluso de la transición a la democracia en diversas entidades federativas, el PRI logra un buen número de triunfos de mayoría.
Pero no son los suficientes para que invariablemente se constituya en partido mayoritario en el Congreso. Aún si así fuera, desde el punto de vista de la votación general, sigue y seguirá siendo la minoría más grande. La mayor parte de los ciudadanos descubrirían que su voto no fue tomado en cuenta para la integración de la representación política.
¿Qué se logra con la iniciativa del PRI? Que artificialmente y con una exigua mayoría ese partido se erija de nueva cuenta en la antigua aplanadora legislativa, que decida por sí mismo los destinos legislativos del país.
El equilibrio relativo entre votos y curules, la pluralidad política y la efectividad del sufragio son valores centrales de nuestra aún frágil democracia. Renunciar a ellos trae consigo el riesgo de inestabilidad política y mayor insatisfacción social. Una brecha aún mayor entre a política y la sociedad.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX 

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