La representación política a subasta

Los sismos de septiembre han generado una situación de emergencia nacional. Realizadas las primeras labores de búsqueda y rescate, la reconstrucción despunta desafiante. Todos sabemos que exigirá cuantiosos recursos económicos. Aún no es posible cuantificarlos con precisión.
Ante ello, en un primer momento, los dirigentes de los partidos políticos compiten a ver quién ofrece más. Morena anunció que “cedería” 20 por ciento del financiamiento público que recibe como prerrogativa y después aludió a la totalidad de éste. El PRI aumentó la oferta al 50, para que enseguida los partidos del Frente Ciudadano (PAN, PRD y MC) propusieran no sólo la totalidad del financiamiento para 2018, sino la supresión de esta prerrogativa. Están en la puja “a ver quién da más” para recuperar la credibilidad perdida.
El lunes, el PRI acudió al Instituto Nacional Electoral para anunciar su renuncia al financiamiento público para el resto de este año. Además, su Coordinador en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma al artículo 41 de la Constitución, que suprime el financiamiento público a los partidos.
Propone tres cambios sustanciales. Que los partidos políticos se financien exclusivamente de fuentes privadas; que se permita a las “personas morales de nacionalidad mexicana con cláusula de exclusión de extranjeros” erigirse en aportantes de los partidos, lo que desde 1977 ha estado prohibido; y que se suprima el principio de representación proporcional en la integración de los poderes legislativos, de la Federación y las entidades federativas.
En su exposición de motivos, la iniciativa afirma que, por no ser de carácter trascendente, esta reforma no contraviene el plazo de 90 días anteriores al proceso electoral que se dispone en el artículo 105 constitucional para emitir reformas electorales. Los cambios propuestos modifican no sólo el financiamiento, sino el sistema de representación política en su conjunto. ¿Dígame usted si eso no es trascendente? 
Pese a la repulsa que causa en las no siempre bien informadas redes sociales y algunos medios periodísticos que lo han hecho un recurrente tema de su anti partidismo, lo cierto es que el sistema de financiamiento político, con predominante del público, ha sido benéfico para la democracia mexicana. Es un bien jurídico y una conquista social que vale la pena defender.
La propuesta del PRI de modo inteligente, aprovecha la ocasión para inducir la vuelta a su época de partido hegemónico. La transición democrática otorgó la posibilidad real de que la oposición lograra triunfos electorales se debiera, por supuesto, a una nueva actitud social prodemocrática, pero también fue impulsada por la equidad en el acceso a recursos económicos.
Las contiendas electorales no se ganan sólo con dinero, pero sin dinero es imposible ganarlas. Es obvio que sólo un par de partidos están en condiciones de obtener recursos empresariales. Los candidatos, por su parte, se verán orillados a la búsqueda de patrocinadores que no necesariamente harán sus aportaciones por razones patrióticas ni ideológicas, sino a cambio de jugosos contratos gubernamentales. Un sistema plutocrático en el que sólo quienes puedan pagar la campaña de su bolsillo o bien obtengan patrocinios podrán acceder a los cargos de elección popular.
El resto de los partidos y los candidatos efectivamente independientes encontrarán un obstáculo adicional: los límites de financiamiento que, según la iniciativa, para cada uno de ellos fijará el INE, de acuerdo con los resultados de la elección anterior. Así que se verán condenados a la derrota al no poder aplicar la misma cantidad de recursos que sus adversarios.
La supresión de los diputados y senadores de representación proporcional tiene el mismo sentido regresivo, restaurador del régimen de partido hegemónico. Por su implantación territorial en todo el país, el PRI apuesta a que logrará el mayor número de triunfos de mayoría y ya no deberá enfrentar congresos plurales, que hacen difícil la imposición de mayorías exiguas. La representación legislativa se tornará monocolor, la oposición así disminuida tenderá a ser presencia simbólica. Existen diversas posibilidades de reducir el tamaño de los congresos, sin desaparecer la representación proporcional.
El mensaje político es claro y ominoso: quien más dinero aporte a los partidos y sus candidatos verá mejor representados sus intereses en el gobierno y en los órganos legislativos. Las elecciones se convertirán, de hecho y de derecho, en una subasta de la representación política. En caso de que la reforma propuesta por el PRI no se apruebe será argumento de campaña en contra de quienes no estuvieron de acuerdo.
Ya vivimos los tiempos de minorías activas a las que no se les dio otra posibilidad de levantar banderas anti sistémicas. Fueron alrededor de tres décadas oscuras, con una insurgencia armada y una represión gubernamental sangrienta, de la que todavía quedan heridas abiertas. Buscar el poder, amañando las leyes para tergiversar la representación política derivada del sufragio popular abona los riesgos de ingobernabilidad e inestabilidad del país. La alternancia en el poder es una válvula de escape a las tensiones y presiones anti sistémicas, cerrarla es una acción anti sistémica.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX

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