Las elecciones del año próximo representan un reto mayúsculo para el Instituto Nacional Electoral. No lo digo por la tendencia generalizada a pensarlo, sino por los temas y las líneas de acción que deberá seguir el instituto, partiendo de la reforma político-electoral de 2014 y de los sucesos coyunturales que se han presentado en las últimas semanas. Los procesos de capacitación y organización electoral, las prerrogativas de radio y televisión, los planteamientos para la eliminación del dinero público de las campañas electorales o los diversos ajustes que se han realizado para obtener un calendario homologado,  son algunas de las complejidades por las que atravesará el próximo proceso electoral.  

Las elecciones locales en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz fueron una muestra de las serias complicaciones que se pueden presentar en las diversas atribuciones que tiene el INE, desde la organización y capacitación de funcionarios de casilla hasta la fiscalización de los recursos. Es a este último tema al que quiero referirme.

En el caso específico de Coahuila, la disputa política entre las dos coaliciones más emblemáticas de la elección fue férrea en todos los cargos en disputa, desde ayuntamientos hasta gobernador. Los resultados de la votación emitida no eran una sorpresa; la diferencia entre los candidatos Miguel Ángel Riquelme Solís y Guillermo Anaya Llamas, para el cargo de gobernador, fue menor al 2%, con el triunfo del primero de ellos.

La ley señala que deben cumplirse dos supuestos para la anulación de una elección: que la diferencia de votos entre los dos primeros lugares de candidatos contendientes a un cargo sea menor al 5%, y que el ganador rebase el tope de gastos de campaña por más del 5%. El primer supuesto se configuró casi de inmediato. Por lo que hace al segundo, la decisión última recaería en las autoridades electorales.

El INE efectuó la revisión de los informes de gastos de campaña de todos los candidatos. Determinó la cuantía de los gastos ejercidos y comprobados, pero también estableció gastos no reportados o no comprobados por los candidatos. Concluyó que el candidato de la Coalición “Por un Coahuila seguro” había rebasado el tope por 10.5%.

Uno de los rubros revisados fueron los gastos de campaña el día de la jornada electoral. Los partidos políticos tienen derecho a contar con representantes de casilla, pero también tienen la obligación de informar y acreditar si acudieron de forma gratuita o si existió alguna retribución. Ante la polémica sobre la recolección de formatos de reporte de este gasto, el Consejo resolvió instaurar un procedimiento oficioso.

Descontados tales gastos, el candidato de la Coalición seguía, sin embargo, rebasando el tope de gastos por más del 5%. Inconforme con la determinación del INE, la Coalición la recurrió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El órgano jurisdiccional restó gastos por 1 millón 43 mil pesos, ordenó prorratear gastos de propaganda por $278,299.00 entre todos los candidatos de la coalición e, insólitamente, también entre los casos en que los coaligados habían participado en solitario, y recalcular gastos en producción de radio y televisión, así como videos por $429,200.00.

Cabe destacar que el magistrado José Luis Vargas hizo un enérgico reclamo al INE por vulnerar la garantía de audiencia de la Coalición. Añeja, y persistente, deficiencia de la Unidad Técnica de Fiscalización. .Al final, el día 20 del presente, el Consejo General recalculó el rebase para situarlo en $310,621 pesos, que representa el 1.61%, por lo que no se configura la segunda condición para declarar la nulidad de la elección de Gobernador de Coahuila.

No sería sensato aludir a errores calculados de la Unidad Técnica de Fiscalización. Se trata, en mi opinión, de procederes técnicamente discutibles en los que se busca “sorprender” al auditado, o bien dar por hechas infracciones con base en el sólo y subjetivo parecer del auditor. El resultado son revocaciones recurrentes debidas a inobservancias del debido proceso y, en menor medida ya que el Tribunal pareciera alérgico al tema, a valoraciones más acuciosas sobre la naturaleza y cálculo de los gastos.

Nada tiene de particular que los órganos administrativo y jurisdiccional presenten opiniones divergentes sobre un mismo hecho. Es natural en ejercicios analíticos que se acometen desde perspectivas distintas sobre una materia compleja e interdisciplinaria como la fiscalización. Es, incluso, sano evitar toda tentación por el “pensamiento único”.

Lo preocupante en este caso es, por un lado, la perseverante propensión de la Unidad Técnica de Fiscalización al “despotismo de auditor” para hacer determinaciones contables poco sólidas, técnicamente deficientes. Por el otro, la insuficiencia en la explicación jurisdiccional que conduce a desaparecer algo más de un 10% de rebase. Llama la atención el peculiar criterio de prorrateo ordenado al INE, ya que implica la pulverización injustificada, lesiva, que impone al gasto centralizado. Una muy mala señal de incomprensión técnica que, a querer o no, será un incentivo para el desbordamiento de gastos, con la consecuente impunidad en los rebases de topes de gastos de campaña.

Todo este lamentable episodio de errores y enmiendas desafortunadas no hace sino arrojar sombras sobre un proceso electoral de 2018 que se avizora no sólo complejo en términos técnicos, sino que concentrará como nunca antes la contienda por el poder en nuestro país. Ello haría aconsejable el perfeccionamiento de procederes y criterios, tanto del INE como del TEPJF. Las autoridades electorales deben abonar el camino de la desconfianza. En sendero de la certeza es complejo. Da la impresión que las autoridades electorales no se hablan. El diálogo institucional no significa sumisión, pero también debe darse sin soberbia jerárquica. De lo contrario, todos lo lamentaremos.
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Vía: La Crónica