Transparencia y Corrupción

Por primera vez el INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas de 2016. En ella se recoge la precepción de los empresarios sobre corrupción gubernamental.
Los datos son reveladores. El 82% de las empresas (de 34 mil 681 consultadas), percibe la existencia de corrupción entre funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Las empresas pertenecen a los ramos de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y comunicaciones.
Otro dato relevante es la cantidad de dinero involucrado en los sobornos: mil 600 millones de pesos, con un promedio por empresa de 12 mil 243 pesos. Aunque existen entidades en las cuales superan el promedio con creces. Por ejemplo, en Quintana Roo los rangos son entre 30 mil 700 y 262 mil 800 pesos. También sobresalen San Luis Potosí, Colima, Tabasco y el Edomex.
Luego vienen las entidades con mayor corrupción, que son: Tabasco, Veracruz, la Ciudad de México, Jalisco, Chiapas y Zacatecas. A nivel municipal, fueron las delegaciones Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, en la capital del País, además de Coatzacoalcos, Veracruz.
Existen otras mediciones sobre el costo de la corrupción en el país; como la del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que calcula puede llegar hasta 10 por ciento del Producto Interno Bruto.
La información anterior nos permite llegar a algunas conclusiones preliminares:
Primera, es positivo que una instancia estatal realice mediciones sobre la corrupción, es parte del ejercicio de la transparencia gubernamental. La dificultad radica en que se queda como una denuncia pública, con conclusiones generales y sin consecuencias jurídicas.
Segunda, la encuesta habla de percepción, pero si un porcentaje tan elevado de los encuestados afirma la existencia de corrupción, se debe de sustentar en alguna experiencia concreta propia o cercana. Entonces no es percepción es la dimensión del problema aproximada a la realidad. Pero es la realidad del mundo empresarial.
Tercera, falta medir y ubicar la corrupción de que es objeto el ciudadano común al realizar algún trámite en alguna dependencia gubernamental.
Cuarta, Es necesario llevar a cabo encuestas focalizadas sobre trámites específicos para que de esa manera se ubiquen con mayor precisión los ámbitos donde se ejercen acciones ilegales por parte de funcionarios públicos. De esa manera las contralorías de las dependencias afectadas puedan iniciar las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades.
Sólo con la acción concertada de las diversas instancias del Estado y la ciudadanía la transparencia se puede convertir en un instrumento eficaz de combate a la corrupción.

Profesor UAM-I
@jsc_santiago
Javier Santiago Castillo
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX 

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