El criterio de población cero

Javier Santiago Castillo

De acuerdo con nuestra normativa electoral, antes de determinar el número de mensajes a los que cada partido político y candidato tendrá derecho en procesos electorales locales o federales, el Comité de Radio y Televisión debe aprobar el catálogo nacional de estaciones de radio y televisión, el cual se compone de treinta y dos catálogos de emisoras, uno por cada entidad federativa.

Cada uno de los catálogos se integra por dos grupos de emisoras: el primer grupo contiene las estaciones que están domiciliadas en la entidad, éstas están legalmente obligadas a transmitir propaganda de partidos políticos y candidatos. El segundo incluye a las que no están domiciliadas en ese territorio, pero, de acuerdo con los mapas de cobertura entregados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, su señal cubre alguna parte de éste; dichas emisoras no pueden difundir propaganda gubernamental durante campañas electorales, veda electoral y jornada electoral.

Ese fue el criterio que el Comité de Radio y Televisión siguió hasta los procesos electorales de 2016. Hasta este año, el número de emisoras de radio y TV incluidas en el catálogo fue definido con base en un documento, elaborado por la Dirección de Prerrogativas, que adiciona al mapa de cobertura de las señales, la cartografía electoral, listado nominal y padrón electoral seccionales. Por esta razón, lo que vemos en el mapa de cobertura es el total de electores de cada una de las secciones electorales que cubre la señal. El problema estriba en que si la señal llega a una zona de la sección electoral que puede no estar poblada, el mapa incluye a la totalidad de electores, aun cuando la señal no es vista o escuchada efectivamente.

Como ya he señalado en este espacio, dicho criterio trajo consigo excesos, pues en procesos electorales ordinarios y extraordinarios, un gran número de estaciones de radio y televisión domiciliadas en entidades que no celebraron comicios, dejó de difundir propaganda gubernamental relativa a acciones y programas sociales de sus gobiernos locales. Con ello, la población de estas entidades, que no participó en elecciones, vio vulnerado su derecho a la información, el cual está consagrado en nuestra Constitución y tratados internacionales.

Para la integración del catálogo nacional de emisoras de 2017, el Comité de Radio y Televisión aprobó un nuevo criterio para incluir estaciones al grupo que estará obligado a suspender propaganda gubernamental. Dicho criterio, denominado “de población cero”, consiste en incluir sólo a emisoras cuya señal sea efectivamente vista o escuchada en la entidad con proceso electoral; es decir, que haya población en la zona a la que llega la señal.

Para implementar este criterio, en primer lugar, se realizó un cruce entre la base de datos poblacional del Inegi y el alcance de la señal de las emisoras que llegaba a una entidad distinta a la de origen, con ello se identificaron 351 casos donde las señales de las emisoras llegan a una zona despoblada de la entidad. Posteriormente, estos casos, fueron comparados con la unidad mínima de cartografía electoral, a saber: manzanas, para secciones urbanas y mixtas, y localidades, para secciones mixtas y rurales. De este último ejercicio se encontraron 13 casos donde sí existe población en zonas que de acuerdo al Inegi, no están pobladas; por tanto, fueron incluidas en el catálogo nacional. De esta manera, con la aplicación del nuevo criterio, un total de 338 emisoras de radio y televisión serán excluidas del catálogo de alguna de las 32 entidades federativas del país.

Para el caso de las cuatro entidades con comicios el próximo año —Coahuila, México, Nayarit y Veracruz— hay 77 emisoras domiciliadas en una entidad federativa distinta cuya señal llega a zonas despobladas de dichas entidades. Por tanto, serán excluidas de los catálogos locales correspondientes.

Dado que se trata de un criterio de carácter general, porque el Comité hizo una interpretación distinta de la Ley, será el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien, en su próxima sesión, discuta dicho criterio y la publicación del catálogo nacional de estaciones de radio y televisión.

Por supuesto, el criterio “población cero” suscita la inmediata sospecha de quienes conciben el modelo de comunicación política como un acto de imposición hostil de obligaciones hacia las emisoras, como si todas ellas tuvieran posición monopólica en su mercado regional; sin duda, es legítimo exigir certeza respecto de que no existen electores en los territorios en cuestión; puede tenerse la peor opinión respecto de la pertinencia y usos de la propaganda gubernamental. Pero afectar derechos legalmente consagrados y empecinarse en que nada cambie, sin sustentar con datos y levantando fantasmas que sólo existen en la imaginación, ayuda poco al perfeccionamiento en la aplicación del modelo.

Acompañaré la propuesta del Comité porque estoy convencido de que este criterio deriva de una interpretación objetiva de la Ley, que pondera, de manera idónea, el derecho a la información de la ciudadanía y el principio de equidad en la contienda.

Con lo anterior, dicho criterio no busca afectar o beneficiar a actor alguno, sino tutelar, objetivamente, derechos centrales de nuestro régimen democrático, para no caer en excesos que sí han afectado derechos de los actores principales del juego democrático: los ciudadanos. Confío que en lo sucesivo sea así.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

 

Vía: La Crónica 

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