Cooperación institucional para la identificación de las personas: una necesidad social.

  • 2016-10-09 – 02:43:31

La identificación de las personas fallecidas es un tema social que generalmente permanece soterrado, pero que reviste una gran importancia por su impacto en la vida comunitaria, que finalmente tiene que ver con la solidez, o no, de las redes del tejido social. Sobre este tema es el Estado el que carga el peso de la responsabilidad de proporcionar certeza a los deudos y a la sociedad en general.

Tan sólo en la Ciudad de México, cada año se envían a la fosa común cerca de 1,000 cadáveres, después de permanecer en las gavetas del Servicio Médico Forense sin que nadie reclame o identifique los cuerpos. Al mismo tiempo, hasta julio de 2016 se presentaron 1,044 denuncias relativas a personas extraviadas o desaparecidas. A nivel nacional la situación tiene tintes más delicados, derivado de la perniciosa actividad de la delincuencia organizada.

Por otra parte, en el año 2015 se registraron ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 100 mil 488 denuncias por probable robo de identidad. Esta suplantación tiende a convertirse en uno de los principales mecanismos de defraudación, con efectos significativos sobre el patrimonio, bienestar y tranquilidad de las personas.

La modernidad informática en la vida social ha traído un incremento sustantivo de las redes de comunicación entre las personas y las instituciones, pero a su vez ha estado acompañada de la aparición de nuevas conductas delictivas.

De modo que la identificación de las personas se está colocando en uno de los primeros planos de preocupación de la sociedad y, por tanto, exige atención por las instituciones del Estado. Además ante la carencia de un registro nacional de población, las instituciones del Estado están obligadas a coordinarse para dar satisfacción a una necesidad social.

Es por ello que recientemente el Instituto Nacional Electoral (INE) se sumó al esfuerzo conjunto de diversas instancias gubernamentales, entre las que destacan: la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia (Conatrib), el Servicio Médico Forense (Semefo) y la Asociación de Bancos de México (ABM).

El propósito de los convenios suscritos es doble. Por una parte, buscan coadyuvar en la confrontación de información relativa a las bases de datos AFIS y ABIS, con la finalidad de lograr laidentificación de personas desaparecidas o desconocidas (cadáveres o restos humanos) cuando contengan huellas dactilares o biométricas susceptibles de ser analizadas. Por la otra, se orientan a detectar e inhibir la suplantación o usurpación de identidad.

Mediante estos convenios, el compromiso del INE consiste en analizar las fichas decadactilares y/o cualquier otro elemento biométrico que le envíe la Procuraduría General de la República, y realizar su búsqueda en las bases de datos construidas a partir de la solicitud de inscripción de los ciudadanos al padrón electoral.

Por supuesto, el uso de la información será única y exclusivamente para fines identificativos y caso por caso. De manera que la protección de datos personales se encuentra garantizada. Ya que no se proporcionará la base de datos, sino que se brindará el servicio de búsqueda en el padrón electoral, que es la de mayor envergadura de las existentes en el país. Es muy superior a los registros de los servicios de seguridad social como el del IMSS o del ISSSTE.

De hecho, el pasado 29 de septiembre, el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) envió alrededor de 2 mil 500 huellas de cadáveres al Instituto Nacional Electoral con la intención de identificarlas. En aproximadamente 15 o 20 días se terminará el proceso.

Esto es sólo el comienzo de una gran labor social que busca sanar la incertidumbre de la sociedad. Indiscutiblemente deberá ir perfeccionándose para que no se limite a las personas mayores de 18 años que estén registradas en el padrón electoral, sino que adquiera la capacidad para identificar a cada persona del país, es decir, menores de 18 años, aquellos que se encuentran en zonas marginadas, personas en extrema pobreza, y personas que viven en situación de calle.

En lo que concierne a las acciones para inhibir la suplantación o usurpación de identidad, destaca el compromiso de los suscriptores de generar una orientación adecuada en cuanto al manejo y protección de los datos personales, entre las dependencias que intervienen en el manejo de la información de los usuarios y de sus documentos personales. Con ello, las instituciones brindarán un mejor servicio a las personas y coadyuvarán a la protección que éstas requieren.

Se trata de un trabajo conjunto, de un relevante esfuerzo de colaboración interinstitucional que agilizará la identificación de las personas, mediante acciones adecuadas y suficientes. Es una buena manera de orientar las acciones institucionales al servicio de la población.

Consejero Electoral del INE/

Profesor de la UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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