Reglamento de Elecciones ¿certeza o incertidumbre?

Entre molestias y protagonismos poco explicables, el pasado 7 de septiembre, el Consejo General del INE, aprobó el Reglamento de Elecciones que se aplicará en los subsecuentes procesos electorales. Dicho instrumento fue producto de la sistematización y armonización de alrededor de cien acuerdos que regularon la organización de las elecciones en 2015 y 2016.

Más allá de representar un buen trabajo de técnica legislativa, el objetivo fundamental del Reglamento es dotar de certeza jurídica a los actores políticos y autoridades electorales, nacionales y locales, sobre los procedimientos, derechos y obligaciones del reciente sistema electoral nacional. Por esta razón compartí casi la totalidad del documento. Indudablemente es un sólido punto de partida, que puede perfeccionarse. Por ejemplo, sería conveniente que los institutos electorales de las entidades federativas hicieran observaciones desde su experiencia para enriquecerlo y perfeccionarlo.

Sin embargo, durante la discusión del Reglamento, la mayoría del Consejo aprobó una adición al artículo 1º, y una modificación al artículo 314, numeral 4. No las acompañé. Me parece que el primero excede el ámbito de competencia del Instituto; y el segundo, lejos de otorgar certeza, abre la posibilidad a futuros incumplimientos que pueden afectar la equidad en la contienda electoral. Permítame abundar sobre ambos aspectos:

En el primer caso, se aprobó una redacción que responsabiliza a los consejeros electorales de los Organismos Públicos Locales (OPL) de incumplimientos o responsabilidades administrativas del personal adscrito a sus órganos. Esta disposición tiene dos aspectos jurídicamente inconsistentes:

  1. Es el que tiene relación con un aspecto de técnica legislativa. Ya que considero que este reglamento no es el espacio normativo idóneo, para incluir una norma de esta naturaleza, pues vigilar su observancia implicaría una sanción en caso de incumplimiento o falta, lo que (sobra decir) no es el propósito del Reglamento de Elecciones.

  2. Al establecer dicha obligación, se rebasa el ámbito de competencia del Instituto e invade la autonomía, constitucional y legal, de los OPL; ya que la Ley dispone que el Consejo General del OPL es el órgano facultado para conocer y en su caso, sancionar los incumplimientos y faltas del personal adscrito al instituto local.

Lo anterior es así porque cada entidad federativa posee un régimen de sanciones para servidores públicos; mientras que la Ley General sólo faculta al INE para sancionar a los consejeros del OPL, cuando ellos, y no el personal del instituto local, hayan incurrido en alguna falta grave. Además tal disposición puede llegar al absurdo de que se pretenda sancionar a consejeros locales por deficiencias de servidores públicos subordinados a ellos.

En ese entendido, debemos reflexionar que al establecer normas de carácter punitivo, en los reglamentos que emite el Institutito, se está rebasando el ámbito de atribución, toda vez que se estaría invadiendo visiblemente la autonomía de los OPL, al pretender sancionar a través de sus consejeros electorales, las responsabilidades administrativas  de sus áreas operativas.

Lo anterior, es así, en virtud de que nuestra Carta Magna en su artículo 116, fracción IV, inciso c); garantiza que en materia electoral las entidades federativas gozarán de autonomía en su funcionamiento. Del mismo modo, la LGIPE, en su artículo 98, establece que los OPL gozaran de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

En el segundo punto en el cual disentí, es el caso en que se modificó la redacción original del artículo que obligaba a los organizadores de debates entre candidatos, que no sean autoridades electorales, a acreditar ante la autoridad correspondiente, antes de la realización del debate, que invitaron a todos los candidatos de la contienda. En su lugar, se determinó que estos organizadores deberán sujetarse a lo dispuesto en el artículo 218, numeral 6, de la LGIPE.

Cabe señalar que el artículo al que, ahora, remite el Reglamento, fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque diversos partidos consideraron que afectaba la equidad en la contienda al no establecer la obligación de los medios de comunicación para invitar al debate a todos los candidatos de una contienda (acciones de inconstitucionalidad 22/2014, y acumuladas).

No obstante, la SCJN determinó la validez del artículo aludido, siempre y cuando se considere que, “para la realización de los debates, es obligatorio que se convoque fehacientemente a todos los candidatos”; además, se pronunció porque dicha actividad sea supervisada por la autoridad electoral.

De esta manera, el Pleno arribó a dos conclusiones:

Los medios de comunicación deben convocar fehacientemente a todos los candidatos postulados a un mismo cargo.

La autoridad electoral debe supervisar el cumplimiento de lo anterior.

Luego entonces, lo que el Reglamento debía estipular es la forma en que los medios u organizadores deben acreditar la invitación a todos los candidatos, y no remitir a un artículo que no especifica dicha obligación. Si la redacción aprobada por la mayoría se mantiene, dejará la puerta abierta para actuaciones parciales. Hablamos de un daño irreparable que, indudablemente, afectará la equidad en la contienda.

Tendremos que esperar a que la Sala Superior del Tribunal Electoral se pronuncie sobre éstos y otros temas del Reglamento. Esperemos que en la interpretación que realice, en todo momento se consideren los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda; así como los ámbitos de competencia del sistema electoral mexicano que define nuestra Constitución.

Consejero Electoral del INE/

Profesor UAM-I

@jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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