La fiscalización política, alcances y fantasías

La relación entre la política y el dinero es naturalmente compleja, siempre polémica e invariablemente propiciadora de teorías conspirativas. Las campañas electorales recientes, en 14 entidades, no fueron la excepción. Las tácticas desprestigiantes dieron lugar a campañas de inusitada virulencia discursiva. En Tamaulipas particularmente, las acusaciones mutuas por presunta complicidad con la delincuencia organizada fueron llevadas incluso a instancias penales.
La publicación que hace algunas semanas hiciera el Instituto Nacional Electoral (INE) de los ingresos y gastos de los 8 mil 271 candidatos que tomaron parte en las contiendas electorales no reporta el uso de recursos de procedencia ilícita. En un terreno fértil para la sospecha, se dirá que los candidatos presuntamente vinculados con la delincuencia son hábiles para el ocultamiento o que el INE no tiene capacidad para detectarlos.
En el plano de los hechos, sin embargo, los 1,499.86 millones de pesos empleados para las campañas electorales, sólo excepcionalmente y por montos muy menores tienen un origen desconocido. Los mecanismos de monitoreo de que dispone la autoridad permitieron contrastar lo reportado por los candidatos con lo observado en las campañas. En general, los ingresos corresponden con los gastos.
Un segundo mecanismo de control del dinero que ingresa a la política son las quejas que interponen los partidos políticos. Se presentaron más de ochenta y sólo en unos cinco casos aludieron a la entrega de despensas, materiales de construcción o dinero en efectivo como medios para la “compra del voto”. Las acusaciones por esta conducta ilegal no prosperaron debido a la falta de pruebas. De modo que el control horizontal que ejercen los partidos entre sí, tampoco acreditó el uso de recursos de procedencia ilícita.
Así que los “ríos de dinero” a que suelen aludir sedicentes especialistas en materia electoral en busca de reflectores, no han sido demostrados. Son en buena medida fruto de la fantasía. Por supuesto no sería sensato negar que existan recursos que partidos y candidatos no declaran a la autoridad, que no son detectados y que finalmente no son fiscalizados. Sin embargo, el uso de mecanismos de verificación más amplios y eficaces pareciera estar rindiendo frutos.
Cabe reconocer que los sistemas que utiliza el INE para su labor fiscalizadora no están diseñados para detectar dinero de origen presuntamente delincuencial. Para ello, requerirían el monitoreo de todos los flujos que ocurren en el conjunto de la actividad económica, lo que escapa a las posibilidades y facultades del INE. En contrapartida puede decirse que logran un control razonable de los recursos empleados en la actividad política. La labor fiscalizadora del INE ha evolucionado. Durante muchos años, se basó fundamentalmente en la revisión de los informes de gastos de campaña que presentan los candidatos; al paso del tiempo, ha incorporado monitoreos de propaganda y actos de campaña, análisis de informaciones de prensa y redes sociales, y diligencias en torno a las acusaciones y probanzas contenidas en las quejas que se presentan, entre otros mecanismos. Mención especial merece la capacidad del INE para detectar el uso de recursos que corresponden al gasto ordinario de los partidos políticos y que se solía aplicar a las campañas. Esta vigilancia más integral, que contrasta lo que se registra contablemente con lo que se observa en campo, permite que cada vez sea más difícil ocultar gastos en materia electoral.
Así las cosas, pareciera que la presunta injerencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales no se realiza mediante la provisión de recursos económicos, aunque no es de descartarse por completo, sino con el uso de la intimidación y la violencia, que es su modus operandi habitual.
Por supuesto, aún no contamos con el sistema de fiscalización que todos deseamos, pero sin duda estamos en el camino correcto.
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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