Pasada la jornada electoral del 5 de junio, en la que se renovaron diversos órdenes de gobierno en 13 entidades federativas; así como la elección de sesenta integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, toca dar paso a la etapa de resultados y declaración de validez de la decisión de millones de ciudadanos que ejercieron su derecho al voto. Su desarrollo es atribución de los Institutos Electorales locales, para el caso de cargos de elección popular a nivel estatal; y del Instituto Nacional Electoral, para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente.
En esta etapa transcurren la implementación de procedimientos, como el Programa de Resultados Preliminares (PREP), los conteos rápidos y los cómputos distritales y municipales, que permiten garantizar dos elementos: por un lado, otorgar certeza sobre la validez de los votos emitidos, es decir verificar que los votos se cuentan, y se cuentan bien; y, por otro, proporcionar resultados verídicos sobre a quién favorece la contienda electoral y con ello contribuir a atenuar la incertidumbre ciudadana, en especial en elecciones altamente competitivas y cerradas.
Recordemos que, en buena medida, la puesta en marcha de estos instrumentos es resultado del proceso de transición democrática y de la desconfianza de los partidos políticos hacia las instituciones encargadas de organizar las elecciones en el país.
No obstante, a pesar de haber mostrado su eficacia para garantizar resultados confiables, certeros y objetivos de las elecciones frente a ejercicios estadísticos que han dejado mucho qué desear, estos procedimientos continúan siendo cuestionados.
Me referiré a dos casos. El PREP de las entidades federativas demostró, en términos generales, su eficacia para alejar las dudas sobre los triunfadores de las contiendas electorales, pero esto no produjo que cesaran las exigencias sobre la rapidez con la que se estaba transmitiendo el escrutinio de las casillas electorales. No se considera que existen barreras físicas, geográficas y humanas que no permiten su transmisión a la misma velocidad que fluye la información en nuestros días; dejando claro que, en el caso, enfrentamos un problema de carácter cultural moderno, frente a la necesidad de obtención de información instantánea.
Otro aspecto es el relacionado con los cómputos definitivos de las elecciones. En Consejo General del pasado miércoles, se puso sobre la mesa la posibilidad de modificar la norma, a fin de eliminar la apertura de los paquetes electorales para la implementación de recuentos parciales o totales de votos.
Al respecto, consideré que, dado el elevado nivel de competitividad que existe en el país, me parecía complicada una modificación de esta naturaleza. El recuento de votos es un procedimiento que salvaguarda el derecho de los partidos políticos y candidatos independientes a verificar el resultado del escrutinio emitido en las casillas el día de la jornada electoral y garantiza la certeza del resultado electoral.
Consideré que, en tanto norma vigente, debía cumplirse en sus términos, aunque esto no limitaba la posibilidad de estudiar alternativas que permitieran concluir esta etapa en tiempos menores a los actuales. Asimismo, esta evaluación debía pasar por el tamiz de las experiencias locales en la materia, que permitiera enriquecer estos procedimientos hacia adelante.
Debemos evaluar nuestro desempeño, para identificar errores, deficiencias, responsabilidades y ajustes que eviten que aquellos se repitan. Por otro lado, El INE no tiene atribución legal para supervisar el ejercicio de las atribuciones de los institutos electorales locales. Lo que hay que hacer es fortalecer la colaboración y coordinación con ellos, en el marco de atribuciones que corresponden a cada ámbito a fin de ser más eficientes y eficaces en organizar la transmisión legal, legítima y pacífica del poder político.

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Vía: La Crónica