El modelo de comunicación política

Libertad de contratación no es sinónimo de libertad de expresión. Sobre todo, con la mayor capacidad de influencia de quienes detentan poder en el mercado.

La realidad, siempre dinámica, hace indispensable la continua modificación de las normas legales. Ello es aún más necesario en contextos políticos como el nuestro, en el que los actores hacen gala de creatividad para desplegar acciones que, sin ser ilegales, resultan socialmente polémicas o bien afectan de modo indirecto otros valores importantes para la convivencia civilizada.    
Hay en la Ley general de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Partidos Políticos insuficiencias, inconsistencias y antinomias que exigen ajuste; es igualmente necesario subsanar lagunas que las prácticas políticas recientes han dejado en evidencia. El caso es que nos aprestamos a una nueva fase de reformas en materia electoral.
En el debate público empiezan a perfilarse los temas fundamentales. El modelo de comunicación política es uno de ellos. En 2007, una reforma constitucional condujo a que la propaganda partidista, sobre todo la electoral, se desplegara exclusivamente en los tiempos oficiales en radio y televisión que el Estado, a través del INE, entrega a los partidos políticos como prerrogativa.
Se pretendía reducir los costos de la democracia. No fue así, pero ello no es consecuencia directa del arreglo institucional en esta materia, sino que fueron infructuosos los esfuerzos por disminuir correlativamente los montos líquidos de recursos económicos que se entregan a los partidos. Desde su origen, el modelo ha suscitado críticas, algunas fundadas y otras resultantes de otro tipo de visiones e intereses.
Hoy, el tema pareciera discurrir hacia un modelo mixto, en el que además del uso de tiempos del Estado se permita la contratación de espacios en radio y televisión. En estas propuestas, se pasa por alto que el modelo exclusivamente público fue el resultado de abusos, tanto en la abierta promoción política a cargo de concesionarios, como en la manipulación de tarifas que suscitaba condiciones de inequidad en la competencia electoral. En tales términos, la propuesta resulta regresiva.
No sólo reviviría el más oneroso “disparador de gasto electoral”, sino que reinserta la influencia —casi siempre nociva— de intereses particulares en el escenario político y electoral. Libertad de contratación no es sinónimo de libertad de expresión. Sobre todo, con la mayor capacidad de influencia de quienes detentan poder en el mercado.
Por supuesto, estas visiones no están ayunas de razón en cuanto a sus críticas al modelo. En una perspectiva estrictamente liberal —que muchos legítimamente postulan— la consolidación democrática no puede depender de los recursos del erario aplicados al sostenimiento de los partidos y sus campañas, sino que debiera ser función de sus militantes y simpatizantes. Se suelen ofrecer como argumento diversas experiencias nacionales. Se olvida, sin embargo, que los sistemas electorales no son, ni pueden ser, piezas intercambiables. Como bien indica Dieter Nohlen adquieren sentido y funcionalidad conforme al contexto sociopolítico e histórico al que se aplican.
Nada de esto niega, ni la crítica ni mucho menos la necesidad de cambios. Urge resolver el problema de la spotización excesiva y las limitaciones que objetivamente implica para la transmisión de ideas y propuestas, así como para la contribución a una deliberación pública pertinente, informada y con resultados socialmente benéficos. No es desdeñable optar por la calidad, antes que por la cantidad de mensajes de los actores políticos. De igual manera, incentivar la emisión de mensajes políticos más atractivos, implica pensar en la permisión de formatos diversos.
Pueden y deben explorarse nuevas y más adecuadas opciones. No puede soslayarse la necesidad social y estratégica de evitar que la contienda electoral se conciba en términos de mercado y se retorne a un modelo en el que hablaba más quien disponía de más medios económicos. Bienvenida toda transformación que ponga acento en la humilde pero indispensable equidad.

Consejero Electoral del INE
Profesor de la UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: La Crónica

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