Debates y deslindes

El pasado 9 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó una sentencia (SUP-RAP-29/2018) por la que revocó la respuesta emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante acuerdo INE/CG112/2018, a la consulta planteada por MORENA y el Partido del Trabajo en la que preguntaron ¿cuál era el límite de la participación que los candidatos electos por los partidos políticos o coaliciones pueden tener en los medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales, en el marco de posibles debates, entrevistas, mesas redondas? 

El TEPJF consideró que el INE no debió emitir una opinión al respecto, cuando él mismo había reconocido, en el acuerdo impugnado, que estaba impedido para emitir lineamientos generales en la materia, porque carecía de facultades para reglamentar, desarrollar o fijar criterios sobre normas que no se encuentran expresamente en la ley, relacionadas con el límite de la participación que las y los candidatos electos por los partidos políticos o coaliciones pueden tener en los medios de comunicación como radio, televisión y redes sociales, en el marco de posibles debates, entrevistas o mesas redondas.

Además, el TEPJF consideró que aun cuando la opinión del INE no establece lineamientos generales y obligatorios, sí podría generar efectos en el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información que no se justificaban y podían generar un efecto inhibitorio en los sujetos obligados que podría traducirse en un perjuicio en su esfera de derechos.

Al señalar lo anterior, la Sala Superior abrió la puerta para que medios de comunicación, partidos políticos y precandidatos electos tengan garantizado el ejercicio de su libertad de expresión, su labor periodística e informativa durante la intercampaña, sin mayores restricciones que las previstas en ley; esto, a pesar que la resolución de la Sala llego tardíamente porque dicha etapa concluye el 29 de marzo, esto es restaban sólo 20 días de intercampañas, al momento en que el Tribunal emitió la sentencia referida.

Desde mi perspectiva, esta sentencia es sólo un reflejo más de la conflictiva relación que existe entre ambas autoridades electorales y la confrontación de dos visiones: por un lado, una autoridad administrativa orientada a la híper regulación de la contienda electoral como forma de garantizar la equidad de los procesos electorales y, sin facultades para ello, subsanar los huecos de la legislación electoral; y, por otro, una autoridad jurisdiccional orientada a lecturas híper legalistas de las disposiciones normativas como forma de garantizar la certeza de la contienda electoral.

Sería deseable que, con altura de miras, las autoridades electorales encontrarán puntos de encuentro que permitan garantizar certeza y equidad en las contiendas electorales. Recordemos que la transmisión pacífica del poder político requiere del cumplimiento irrestricto de ambos principios jurídicos, para garantizar la legitimidad en la renovación de los cargos públicos.

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago

Vía: attimes.mx

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