La conflictiva elección de Coahuila

2017-11-30

La elección de Gobernador de Coahuila ha producido resoluciones encontradas del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por segunda ocasión, el órgano jurisdiccional revocó el rebase de topes de gastos de campaña, que originalmente había determinado la autoridad administrativa. 
Queda un amargo sabor en algunos actores políticos, así como en algunas autoridades del (INE), al considerar que se deja un peligroso precedente para la próxima elección de 2018.

El pasado 24 de noviembre, el TEPJF modificó las Resoluciones INE/CG447/2017, INE/CG501/2017 e INE/CG513/2017, respecto de los temas de representantes de casilla y generales, videos en internet que no habían sido reportados y, por tanto, el rebase al tope de gastos de campaña.

El Tribunal resolvió sancionar como mera falta formal los formatos CRCG, que la Coalición ganadora presentó hasta el 20 de junio y que estaban fechados ese día, es decir 16 días después de la jornada electoral. Adujo un dudoso tecnicismo: que el asunto a dilucidar era si se les había pagado o no a los representantes generales y de casilla, antes que si los formatos se habían requisitado a tiempo. Deja un riesgoso precedente, con el que los infractores pueden “fabricar” pruebas de descargo. Nuevamente queda la extemporaneidad en el limbo de la indefinición.

En aquellos casos en los que no se presentó formato o documento alguno para acreditar la gratuidad de la representación del día de la jornada electoral, o habiéndolo presentado no reúnan los requisitos de nombre, firma o clave de elector, dispuso la sanción económica. El caso es que se disminuyó el gasto no declarado de $610,134.94 a solo $146,472.10, que se suman para el cálculo de rebase.

También dejó sin efectos la omisión de registrar y comprobar los gastos correspondientes a gastos de producción de 82 videos difundidos en internet. Dice la sentencia que la notificación del procedimiento a la Coalición ganadora fue defectuosa. Por tanto, dejó insubsistente el monto de $1,461,600.00, para disminuir a sólo $34,800.00, por dos videos, la cantidad que fue sumada al tope.

Es verdad que la actuación del INE debe ajustarse estrictamente a la legalidad. Es un valor sustancial en todo proceso democrático y todo acto de autoridad. No paso por alto que, con frecuencia que debiera enmendarse de raíz, el INE rebasa sus límites o imputa conductas sin probanzas suficientes, con el subjetivo parecer de los auditores como única razón de fondo.

Me parece inverosímil que el otrora candidato a Gobernador Miguel Ángel Riquelme hubiera ordenado la producción de 84 videos distintos para usarse en redes sociales, casi uno por día de campaña. Pero los tecnicismos a que recurre el Tribunal no parecen abonar a la adecuada rendición de cuentas y a la legalidad de las contiendas electorales. Antes bien, lucen como coartadas.

El hecho inalterable es que esta resolución jurisdiccional hace que el total de gastos de la otrora Coalición “Por un Coahuila Seguro” quede en 0.16% por debajo del tope de gastos de campaña. Así que, al final, la verdad jurídica es que Miguel Ángel Riquelme Solís será Gobernador de Coahuila, pues el rebase de gastos de campaña en que incurrió alcanza sólo el 1.61% que, también en acatamiento de otra resolución hace algo más de un mes había fijado el INE. En consecuencia, no es determinante para el resultado electoral, por lo que no se actualizan los extremos normativos para la nulidad de la elección.

Significativa elección en la que, en dos ocasiones, y con argumentos no del todo elocuentes, el Tribunal disminuye hasta casi desaparecer los rebases de topes inicialmente determinados. Y luego nos preguntamos por qué se ha debilitado la confianza social en las instituciones. Obviamente estas resoluciones tendrán que ser analizadas a mayor profundidad con el fin de dilucidar los criterios jurídicos que, al final de cuentas, serán utilizados para realizar la fiscalización de 2018. De eso depende en buena medida la certeza jurídica de los procedimientos de fiscalización, que al final de cuentas vela por la equidad en la competencia.

Vía: attimes.mx

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