El Fiscal incómodo y la contienda por el poder.

La remoción de Santiago Nieto de la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pareciera no ser un hecho aislado, cuyo análisis se constriña a la vulneración que se le imputa del código de conducta de la PGR. Diversos y preocupantes datos dan cuenta de un propósito de mayor envergadura: asegurar, sin reparar en tiempos, modos y medios, la permanencia del PRI en la Presidencia de la República. 
Sin ser baladí, la conducta que se le atribuye no parece ameritar el cese fulminante de que fue objeto. En el caso que involucró a Arturo Escobar y Vega, se concluyó que las acciones mediáticas del Fiscal no habían representado un daño irreparable al debido proceso. Hoy, el encargado de despacho de la PGR hace de una acción similar, pero de menor dimensión, motivo suficiente para dictar una medida extrema. Lo hace, además, sin concederle el derecho de audiencia que la Constitución General de la República y la Ley General de Responsabilidades Administrativas le conceden.
En la balbuceante explicación de la PGR, no existe una valoración sobre si la conducta atribuida afecta gravemente el buen despacho de los asuntos de la FEPADE, si se han afectado y en qué grado los derechos del Sr. Emilio Lozoya, y si la remoción resulta proporcional al daño supuestamente causado. No, el tratamiento del tema no resulta convincente desde el punto de vista de la legalidad y la ética pública; aparece más como un manotazo sobre la mesa, como un acto arbitrario.
Desde una perspectiva politológica, vale la pena observar este caso a la luz de algunos otros acontecimientos recientes. En los recientes procesos electorales de Coahuila y Estado de México, las coaliciones encabezadas por el PRI fueron acusadas de gastos excesivos. En el primer caso, el INE determinó un rebase a los topes de gastos, que posteriormente fue reducido a su casi mínima expresión por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Mientras tanto, la Unidad Técnica de Fiscalización, a cuyo titular se ha pretendido atribuir sin pruebas suficientes una conducta pro-priísta, determinó registros contables extemporáneos insólitamente numerosos y por montos involucrados que multiplican varias veces el total de financiamiento público de los partidos políticos para gasto ordinario. Esta determinación aún deberá ser, en su caso, aprobada por el Consejo General tal vez la próxima semana, pero implicaría multas cuantiosas que mermarían los recursos partidarios disponibles para la próxima campaña electoral.
Por otra parte, el PRI ha presentado una iniciativa de reforma constitucional que eliminaría el financiamiento público para generar un modelo absolutamente privatizado de recursos económicos, cuyo efecto ostensible es la supresión de uno de los más importantes factores que han favorecido la equidad electoral y la competitividad de las diversas opciones políticas.
Más allá de virtudes y defectos del extitular de la FEPADE, su desempeño nunca fue sometido a una evaluación digna de tal nombre, lo que parece estar en el fondo de su remoción. Además, ahora parece que el exfiscal no dijo lo que dicen que dijo en la entrevista al periódico Reforma. Todo esto es indispensable que se aclare.
Por otra parte, no es aventurado decir que, para un sector del PRI y del Gobierno, la contienda electoral venidera hace indispensable colocar en la FEPADE alguien más afín a sus propósitos de conservación del poder. Desde ese punto de vista, el Dr. Santiago Nieto resulta un fiscal incómodo, que difícilmente se avendrá a “cerrar un ojo” ante conductas electorales que parecían haber quedado en el pasado y retornaron descaradamente en las elecciones locales recientes.
Hubo una época en que el PRI contaba con dirigentes y militantes poseedores de una visión de largo plazo, dispuestos a hacer prevalecer a estabilidad política y el fortalecimiento del Estado. Muchos siguen allí, pero no pasan por su mejor momento. No olvidemos que la transición democrática fue una medida para darle viabilidad al sistema, pacíficamente, y el PRI jugó un papel relevante para que ésta sucediera.
Revertir la remoción no lo es todo, pero es un paso para evitarla. En el Senado se han tensado las posiciones. La pregunta está en el aire ¿Predominará la madurez para tomar una decisión que abone a la estabilidad política del país?
Si prevalecen las visiones de mantenerse en el poder por el poder mismo, los aprendices de brujo y los nostálgicos del régimen de partido hegemónico, los nubarrones que aparecen en el horizonte electoral podrían convertirse en una tormenta de impredecibles consecuencias políticas y sociales.

*Profesor UAM-I, @jsc_santiago

http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: attimes.mx

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