Imparcialidad y equidad, grandes retos para el 2018

La reforma constitucional en materia político-electoral de 2007 incorporó al artículo 134 Constitucional la obligación de los servidores públicos de todo los niveles de gobierno, de aplicar con imparcialidad y probidad los recursos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Exige que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, tenga carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. La intención del legislador era que los funcionarios públicos se abstuvieran de utilizar propaganda institucional como un medio para promocionar su persona e imagen y lograr una posición de ventaja indebida en la competencia electoral. Como suele suceder, las buenas intenciones se quedan en sólo eso. La Ley secundaria, en la que se incluiría un régimen sancionador específico por la violación de esas normas, no se ha emitido.
Ante la falta de reglamentación del artículo 134 Constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante diversas sentencias y jurisprudencias, ha definido el significado y alcance de las normas establecidas en el artículo 134 constitucional. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado 19 acuerdos sobre propaganda gubernamental, programas sociales, imparcialidad en uso de recursos públicos, propaganda institucional y político electoral de servidores públicos.
El pasado 5 de septiembre, el INE, en un intento por establecer reglas tendentes a equilibrar la contienda electoral y preservar el principio de imparcialidad, emitió los Criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018. En dicho acuerdo se regulan:
1. Los programas sociales, para verificar que su ejecución en todos los niveles de gobierno se realice en apego a su objeto y reglas de operación establecidas, evitando su vinculación con algún partido político o candidato y su utilización para un fin distinto al desarrollo social, en el marco de los procesos electorales;
2. La suspensión de difusión de propaganda gubernamental, para evitar que influya o pueda influir en las preferencias electorales de los ciudadanos;
3. La participación en eventos proselitistas de los servidores públicos, para regular la asistencia de servidores públicos en días hábiles e inhábiles a actos proselitistas, garantizando el ejercicio de las libertades de expresión y asociación en materia política de los ciudadanos, en armonía con el principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos; y
4. Los informes de labores de los servidores públicos, para asegurar que la difusión de informes anuales se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. Adicionalmente, estos informes no pueden difundirse dentro del periodo de campaña federal ni tener fines electorales.
La necesidad de inhibir una serie de conductas realizadas reiteradamente por los actores políticos, llevó a la autoridad electoral a emitir reglas que garanticen un adecuado desarrollo de los procesos electorales, en los que no se presente la compra, coacción e inducción del voto y/o acciones que generen presión sobre el electorado.
En este caso la autoridad electoral se encuentra entre la espada y la pared. Ya que regula, como lo hizo, la propaganda electoral o deja abierto el camino de la inequidad en las contiendas electorales de 2018. La decisión final estará en manos del TEPJF.
Dicho tribunal, en su interpretación debe tomar en cuenta la realidad de la democracia imperfecta que tenemos. Ya que hay órganos del Estado que no cumplen con sus responsabilidades, al incumplir mandatos constitucionales. Si se pone legalista la rispidez de las elecciones del año próximo se incrementará.
Sin embargo, mientras el legislador ordinario no emita la ley reglamentaria del artículo 134  Constitucional, siempre existirá ese vacío que ha permitido a ciertos actores políticos favorecerse en una actuación al margen de la Ley, sin que la autoridad electoral cuente con posibilidades legales para disuadir esas conductas y sancionar los desapegos. Este vacío, seguramente dará lugar a encendidas polémicas y tensiones políticas en el proceso electoral que dio inicio formal el pasado 8 de septiembre. 

*Profesor UAM-I
@jsc_santiago
http://www.javiersantiagocastillo.com

Vía: ATTIMES.MX

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