A dos años de distancia

Han transcurrido doce meses más de intenso ajetreo electoral. Estuvieron caracterizados por la puesta en práctica de la reforma electoral de 2014, realizada por el Consejo General y que a la fecha aún no concluye: los ajustes normativos de organización y operación de los procesos electorales, y; la creación de una institución de carácter nacional.

Sin duda los retos más importantes fueron: 1. Desarrollar los mecanismos de coordinación idóneos con los institutos de las entidades, lo cual no estuvo exento de tensiones y dificultades, pero la experiencia adquirida es invaluable y; 2. Capacitar a funcionarios e instalar casillas para una elección federal y diecisiete elecciones locales. De ellas nueve fueron de gobernador (Campeche, Guerrero, San Luis Potosí, Sonora, Colima, BCS, Querétaro, Michoacán y Nuevo León). Además se eligieron, en el ámbito federal a 300 diputados de mayoría y 200 de representación proporcional y; 387 diputados por mayoría relativa y 254 por representación proporcional en el ámbito local, 1009 Ayuntamientos y Jefes Delegacionales y 20 Juntas Municipales.

Para instrumentar la organización de esas elecciones el Consejo General realizó 72 sesiones: 9 ordinarias, 61 extraordinarias y 2 especiales. En estas sesiones se trabajó durante 301 horas y 15 minutos. De hecho, hubo ocasiones en las que se trabajó más de 12 horas consecutivas para aprobar proyectos de Acuerdo. El total de acuerdos en Consejo fue de 370.

Por mi parte, como miembro de tres comisiones permanentes y dos temporales (Servicio Profesional Electoral Nacional, Fiscalización, Registro Federal de Electores, Presupuesto y Modernización Institucional) realicé diversas actividades. Para darse idea de la carga de trabajo institucional pondré como ejemplo las tareas realizadas en la Comisión de Fiscalización: se revisaron dictámenes y proyectos de resolución de 8 mil 688 informes de precampaña y 25 mil 507 de campaña. De las 457 impugnaciones en esta materia, 144 fueron confirmadas, 294 revocadas y 19 están pendientes de resolución. Esto último muestra que, en la aplicación de la ley, se camina lentamente en la definición y concertación de nuevos criterios acordes con la reforma.

Ante este panorama me propuse como objetivo conocer la situación en campo. Para ello realicé visitas a 14 estados y 4 a Veracruz. Es obvio que estos viajes confirmaron la visión de la heterogeneidad política social y cultural existente en nuestro país. Por otra parte, detecté dificultades en la instrumentación operativa del nuevo sistema electoral. La jornada electoral mostró deficiencias en la capacitación de funcionarios, la logística de entrega y recolección de paquetería derivadas de la insuficiente coordinación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos locales. Al final el balance organizativo de las elecciones fue positivo. Pero la experiencia será rica si realizamos un análisis objetivo y autocrítico.

En mi caso me ha quedado claro que la implantación del nuevo sistema electoral enfrenta complejidades no previstas. No toda la clase política comparte la idea de su relevancia para la estabilidad y gobernabilidad del país. El más claro ejemplo fueron las dificultades presupuestales de los institutos electorales locales.

En el ámbito jurisdiccional, del Consejo General, el tema más polémico fue el de las violaciones a la legislación electoral por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En la sesión en que se discutió el tema, voté a favor de la cancelación de su registro, pero la mayoría optó por mantenerlo.

En otro tema, también polémico, me aparté de la mayoría al votar a favor de la pérdida de registro del Partido del Trabajo (PT); lo hice convencido de que esa decisión era la legalmente adecuada. Una vez que la Sala Superior del Tribunal determinó la inaplicación de diversos artículos, que facilitaron la conservación de su registro, señalé que, toda vez que ese instituto político había obtenido el número de votos suficientes, le correspondía tener representación en la Cámara de Diputados. Por ello, voté en minoría.

Otro asunto controversial fue la destitución de dos consejeras y un consejero del Instituto Electoral de Chiapas. En este asunto consideré que aplicar las reglas de equidad de género tuvo un contexto social y político adverso. En cambio coincidí en que, efectivamente, eran responsables por negligencia en la conformación del listado de chiapanecos en el extranjero.

De las votaciones en materia jurisdiccional en que estuve en 18 ocasiones en minoría, el tribunal revocó 16 decisiones de la mayoría. Los asuntos más relevantes fueron: el cobro de multas a partidos hasta que la sanción estuviera firme por la resolución del Tribunal y que los candidatos independientes contaran con representación en los consejos del INE.

Las tareas para el año 2016 no son menores. Son elecciones no concurrentes, pero deben de servir para mejorar la capacitación y la logística de la elección que le corresponde al INE. Las elecciones de 2018 son un reto institucional relevante, cuya preparación debe iniciar de inmediato, utilizando la experiencia adquirida.

Por otra parte, está el desafío de transformar al Instituto Nacional Electoral para mejorar su desempeño. Tradicionalmente se entiende por modernización la sola aplicación de técnicas novedosas a las actividades empresariales o públicas. Pero nuestra visión debe ser más amplia y adecuarse constantemente al objetivo de fortalecer al Estado, organizando elecciones que cumplan cabalmente el fin de la transmisión legal, legítima y pacífica del poder.

4 abril de 2016

Consejero Electoral del INE Javier Santiago Castillo. 

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